La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena que un juzgado de instrucción impuso a una trabajadora de la residencia Arganda del Rey, ubicada en el municipio del mismo nombre, por un delito leve de lesiones por haber "propinado dos bofetadas en la cara" a una residente de 93 años, María Honorato, que le causaron "lesiones por las que tardó siete días en curar".
En la condena, el magistrado impone a la auxiliar el pago de una indemnización de 210 euros para la anciana, además de una multa de tres meses con una cuota de 6 euros diarios, en total 540 euros. Una rebaja frente a lo que decidió el juzgado de instrucción que puso 15 euros y que la Audiencia Provincial ha modificado porque no se tuvieron en cuenta los ingresos de la trabajadora.
"Sale gratis maltratar a una anciana"
Para la hija de la residente, Sara Moreno, "sale tan gratis maltratar a una anciana. Me da muchísima rabia, mucha. Es una indignación. Esto no es una compensación, de ninguna manera, encima no le obligan ni a pedirle perdón a mi madre por lo que ha hecho".
La familia espera que la trabajadora no vuelva a la residencia porque madre e hija han pasado miedo desde entonces. "Tú tienes a tu madre en un sitio y estás tranquila porque está atendida, mi madre estaba a gusto, son cariñosas pero, de repente, pasa una cosa de estas", cuenta Moreno.
Los hechos
Los hechos sucedieron en la madrugada del 8 al 9 de diciembre de 2022, cuando la residente, con movilidad reducida y que estaba en la cama, pidió a la auxiliar que le aplicara una crema para las rozaduras del pañal que llevaba puesto y la trabajadora le dio dos bofetadas. La familia denunció los hechos y un juzgado condenó a la empleada de esta residencia pública. Entonces, la familia también denunciaba que no entendían que la residencia no les informara de la agresión hasta tres días después de lo sucedido cuando durante la visita a su madre se dieron cuenta de las marcas que aún tenía en la cara.
En la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales explican que "han mantenido apartada a la empleada objeto de esta sentencia de la prestación de cualquier servicio público desde que se produjo el incidente y que, ahora que hay una sentencia firme, "la Agencia Madrileña de Atención Social reactivará el expediente laboral interno que se abrió en su momento y en su tramitación se decidirá la sanción que proceda, siempre siguiendo la normativa vigente". Y, aseguran fuentes de este departamento que, mientras se tramita la sanción, se mantendrá la medida cautelar de que la trabajadora permanezca apartada de prestar servicio.
