La Audiencia Nacional ha acordado embargar el dinero que Julián Muñoz haya podido percibir tras su participación en la docuserie que ha elaborado para Telecinco. La razón es que el exalcalde de Marbella aún tiene que hacer frente al pago de las indemnizaciones impuestas por el caso Saqueo II, por el que fue condenado por desvío de dinero público.
De esta forma, el embargo se produce debido a que Muñoz está obligado a pagar unas cantidades en concepto de indemnización que ascienden a un total de 46.602.030,20 euros y por los que, a día de hoy, solo ha ingresado una mínima parte, en concreto 370.751,95 euros, según los documentos dictados a principios de año.
Esta medida surge tras la solicitud de embargo de retribuciones que hizo el propio Ayuntamiento de Marbella tras conocerse su participación en este programa de televisión. En este documento también se ha acordado reabrir la ejecución de la sentencia condenatoria y realizar una nueva averiguación patrimonial de Julián Muñoz así como el embargo de cualquier remuneración o retribución que pueda percibir por su participación en televisión.
La docuserie para Telecinco
La docuserie, llamada 'No es hora de la venganza, es la hora de la verdad', fue emitida el pasado viernes 14 de enero y tiene previsto emitir otra entrega el próximo 21 de enero. En ella, Julián Muñoz habla de los hechos que le llevaron a entrar en prisión y de su relación con su expareja Isabel Pantoja.
El programa estuvo presentado por Joaquín Prat y contó con la participación de Angela Portero, José Manuel Parada, Rosa Villacastín, el fotógrafo Lalo Álvarez, Pepi Valladares y Paloma García Pelayo. Fue precisamente Portero quien aseguró que Julián Muñoz había cobrado por sentarse a hablar en Telecinco, algo que fue ampliamente criticado al estar condenado por cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística y fraude.
El exalcalde de Marbella fue condenado por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel en 2013 junto con el exasesor de urbanismo del ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Finalmente, el Tribunal Supremo rebajó las penas de prisión a Muñoz, de seis a cinco años de cárcel, y a Roca, que se le impusieron tres años de cárcel.
