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La Audiencia Nacional declara que el Gobierno debió actuar contra Rubiales hace más de un año

La sentencia anula la decisión del CSD de meter en un cajón las denuncias contra el expresidente y le ordena elevarlas al TAD.

La Audiencia Nacional declara que el Gobierno debió actuar contra Rubiales hace más de un año

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional asegura que el Gobierno debió tomar acciones contra Luis Rubiales ante el Tribunal Administrativo del Deporte hace más de un año, momento en el que el Consejo Superior de Deportes recibió dos denuncias de La Liga por presuntas irregularidades en la Real Federación de Fútbol Español (RFEF).

Sin embargo, decidió abrir una investigación previa y dejarla después a la espera de que la causa abierta por delitos de corrupción se resolviese en un juzgado de Majadahonda. El Consejo Superior de Deportes (CSD) se escudó en que ya había una investigación en marcha para no activar un proceso sancionador contra el entonces presidente de la RFEF. Ahora, el juez declara nula aquella decisión del Gobierno y le ha ordenado tramitar las denuncias por la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí, entre otras irregularidades.

"La obligación del CSD a elevar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las denuncias presentadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional para que por dicho tribunal se adopte la resolución que proceda", así lo declara la sentencia. En abril de 2022 el Consejo dejó pasar las semanas tras las primeras publicaciones de El Confidencial, y tras esto anunció la apertura de unas actuaciones previas con las que dejó pasar más tiempo.

La sentencia del Juzgado

La resolución concluye que "el Consejo Superior de Deportes carece de competencia para acordar la tramitación de unas actuaciones previas antes de elevar su propuesta de iniciación del procedimiento disciplinario al TAD y por ello tampoco puede suspender dichas actuaciones previas".

El magistrado de la Audiencia Nacional declara que "no es admisible la suspensión de las actuaciones previas por la tramitación de diligencias penales, pues si se han abierto diligencias previas en vía judicial, que es lo que ha ocurrido en el presente asunto, se debe de iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario deportivo, y posteriormente se debe de acordar su suspensión, evitando así la prescripción de los posibles ilícitos administrativos". En caso contrario, las infracciones podrían caducar y quedar impunes.

Las denuncias descartadas

En un primer momento, La Liga fue uno de los organismos que denunciaron a Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes, pero el CSD, entonces presidido por el socialista José Manuel Franco, puso esas denuncias en un cajón hasta que un juzgado abriese una causa penal sin tener que actuar. Como las denuncias ya las llevaban los jueces, el Gobierno decidió no elevarlas al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La institución dirigida por Javier Tebas pidió que la decisión del CSD se declarase nula para elevar las causas hasta el TAD. En este momento Rubiales podría haber sido apartado cautelarmente de su cargo si el TAD hubiese podido al menos estudiar a fondo el caso.

Ahora, la Audiencia Nacional deja la resolución "sin efecto alguno" por "no ajustada a Derecho" y declara "la obligación del CSD de elevar al Tribunal Administrativo del Deporte" las denuncias. Además, ha impuesto las costas del procedimiento al Consejo Superior de Deportes y las dos personas demandadas a la vez, Luis Rubiales y el que era jefe de Integridad de la RFEF y vicesecretario General, Miguel Ángel García Caba.

Las denuncias de La Liga hablaban de irregularidades en la Supercopa en Arabia Saudí, el pago del alquiler de la casa de Rubiales con fondos de la RFEF, irregularidades en su viaje a Nueva York en 2018, espionaje al líder del sindicato de futbolistas (AFE) e irregularidades para cubrir en segunda B la vacante que dejó el Reus CF.

Por otro lado, la actual sentencia declara que la decisión del Gobierno "impidió que se iniciara el correspondiente procedimiento disciplinario deportivo, y causó un perjuicio irreparable" a La Liga "al provocar la posible prescripción de los hechos denunciados, pues las actuaciones previas no paralizan el plazo de prescripción de las infracciones administrativas".

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