El partido del Gobierno de España está de enhorabuena. Tras varios años de juicios en los que expresidentes de comunidades autónomas, exalcaldes, extesoreros, extrabajadores y exgrandes líderes del PP han ido desfilando por los juzgados españoles por las decenas de casos de corrupción que acumula en sus filas, un cambio en el tribunal que juzga la presunta caja B de la formación podría favorecerle.
Los mismos magistrados que citaron a declarar a Rajoy por el caso Gürtel han sido apartados del tribunal que tendrá que juzgar los papeles de Bárcenas y la caja en negro que supuestamente han mantenido en paralelo durante décadas los conservadores liderados por Aznar y Rajoy. Ángel Hurtado y Julio de Diego ya no enjuiciarán al PP ni podrán volver a citar (aunque Hurtado no participó en ello) al presidente del Gobierno para sentarlo en el banquillo y que de las explicaciones que todos los españoles le piden como máximo responsable.
El único de los tres magistrados que continuará en dicho tribunal es el progresista José Ricardo de Prada. Junto a él, trabajarán a partir de ahora María José Rodríguez Dupla, presidenta de la Sección Segunda y Juan Pablo González, cuya labor consistirá en ser el ponente. Los dos jueces que han sido apartados no están de acuerdo con esta decisión y las acusaciones populares (Adade, Izquierda Unida, el Observatori Desc y los socialistas valencianos) se encuentran patidifusas.
El PP respira tranquilo
González, el nuevo magistrado del caso, genera rechazo en estas acusaciones populares, que se están planteando recursarle por su proximidad al PP. En 2001, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, le propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este poder de recusación ya ha tenido efecto en otras ocasiones. El tribunal que se ha conformado ahora de acuerdo con la Ley Órganica del Poder Judicial y las normas internas de la Audiencia Nacional es el tercero que se configura desde que se abriera el juicio oral. Concepción Espejel y Enrique López fueron apartados tras ser recusados por su cercanía a los populares, ya que fueron vocales del CGPJ propuestos por los de Rajoy.
Tanto el conservador apartado De Diego y el progresista de Prada fueron los encargados de citar a la plana mayor de Aznar (Francisco Álvarez Cascos; Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Javier Arenas). Asimismo, también forjaron una alianza (sin el apoyo de Hurtado) para llamar a declarar a Rajoy y forzaron que tuviera que presentarse físicamente y no a través de un plasma. Todo apuntaba a que ambos volverían a empujar para que el presidente declarara por los papeles de Bárcenas y la presunta caja B. Con los cambios sucedidos ahora, esta petición queda en el aire y el PP se ve favorecido por los nuevos nombramientos debido a su cercanía con ellos.
Cambio en las normas
Una de las nuevas magistradas del caso, Rodríguez Dupla, fue la que propuso un cambio en las normas para el reparto de ponencias y la composición de los tribunales cuando alcanzó la Presidencia de la Sección Segunda. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por De Diego y De Prada, según informa Europa Press.
Ambos presentaron un escrito para solicitar que no se modificaran los tribunales que debían juzgar procedimientos "especialmente sensibles" como lo es que el partido que sustenta el Gobierno de España se haya financiado presuntamente de manera irregular durante años.
Sin embargo, la Sala de Gobierno rechazó esta opción afirmando que no se pueden hacer distinciones entre las causas y que la norma no las contempla. Según esta Sala, los cambios en los tribunales se producen por diversas causas y de no llevarse a cabo, los jueces se aferrarían a los puestos.
A partir de ahora, el PP solo tendrá un hueso duro de roer: De Prada, el mismo que sentó por primera vez en la historia de la democracia española a un presidente en ejercicio en el banquillo. Lo hizo por el caso Gürtel. Parece más lógico ahora que por la caja B de su partido, siendo el máximo responsable, se le vuelva a sentar ante la justicia. Pero estas modificaciones dejan en el aire su presencia en la Audiencia Nacional y solo una recusación por parte de las acusaciones populares podrían hacer tambalear los nuevos puestos del tribunal.
