La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, para archivar la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011, en la que se investigaba a los ex presidentes de la región, Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González.
Con esta decisión se desestima el recurso interpuesto por la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra el auto de pase a procedimiento abreviado del juez. De esta forma se buscaba revocar el sobreseimiento para un total de 61 personas, entre quienes se encontraba a 61 acusados, incluidos varios ex consejeros del Gobierno madrileño.
En el auto, fechado en octubre de 2022, el magistrado propuso juzgar al ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y otros seis investigados por la presunta financiación irregular del partido, pero excluyó entonces a los ex presidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, siguiendo los criterios de la Fiscalía Anticorrupción, ante la prescripción de los delitos y falta de indicios sólidos. Previamente, también había solicitado excluir de la causa a la ex presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.
Exposición de motivos
En sus argumentación, la Sala afirma que "no consta" que Esperanza Aguirre utilizase sus "poderes" como presidenta de la asociación Fundescam y que, por tanto, no se puede argumentar que se haya realizado un uso indebido de los fondos públicos destinados a esta organización pública. De hecho, señala una conversación con Ignacio González donde deducen que "ignoraba cuáles eran las funciones de la indicada fundación".
Dicha conversación hablaba de la utilización de Fundescam como un recurso empleado para la financiación del PP de la Comunidad de Madrid. En la conversación, Esperanza Aguirre mencionó: "Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral para la campaña, pues, puede, pero, desde luego, Fundescam no ha pagado".
Solo se han encontrado motivos para imputar a ocho encausados, de los 79 imputados, Además, en los casos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, los casos relacionados con las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, por lo que el juez no podría procesarles.
