La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado imputar a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, en el caso mascarillas. Los jueces desestiman el recurso de la acusación popular porque no aprecian indicios de que ejerciera "presión moral" en la oferta que presentaron los comisionistas imputados Luis Medina y Alberto Luceño, según publica El Diario.
Los magistrados consideran que de la actuación de Carlos Martínez-Almeida "no se descubre una actuación positiva e intencionada dirigida a provocar un proceso de decisión viciado para obtener decisiones injustas" y considera que la acción popular presenta su recurso bajo "meras sospechas sobre una eventual comisión delictiva" que no reúnen elementos indiciarios.
El escrito señala que "la sola circunstancia, efectivamente constatada, de haber proporcionado Carlos Martínez-Almeida al investigado Luis Medina el teléfono o el correo electrónico de la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado Martínez, no conlleva necesariamente la realización de ulteriores presiones o intentos de manipulación torticeramente en su esfera de poder apoyándose en la circunstancia de su parentesco con el alcalde de Madrid".
"Una cosa es informar a alguien conocido sobre los datos que permiten dirigirse a un funcionario, y otra cualitativamente distinta es ejercer actuaciones de presión moral sobre el mismo. Es perfectamente posible la primera de las conductas sin el concurso de las segundas, y el solo hecho de haber proporcionado información sobre los medios para contactar no permite inferir sin más el ejercicio de una posterior influencia debida", defiende el auto.
Los jueces, en contra de la imputación
Los magistrados se muestran, con ello, en contra de imputar al primo del alcalde de la capital y reprenden a la acusación popular porque solo Podemos pidió al juez imputar a Carlos Martínez-Almeida mientras que el resto de miembros de la acción popular solicitaron que declarara como testigo. Todo ello, pese a que el recurso no fue presentado por Podemos, sino por el PSOE y el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Los jueces también señalan que "la Sala no comparte en modo alguno el argumento de que la declaración de una persona en calidad de investigado le suponga ninguna clase de beneficio". "La circunstancia de que la declaración de un testigo exija prestar juramento de decir verdad, y que tal juramento le someta a las eventuales consecuencias derivadas de su infracción, no significa que deba contestar a las preguntas que se le formulen", añaden.
