La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al actor y presentador de televisión español, Arturo Valls y ha condenado a la empresa de la diputada de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por la ilegalidad de una obra. Dicha reforma se realizó sin la posesión de una licencia y la empresa era "sabedora" de que era un acto ilegal.
La historia se remonta al año 2005, cuando Arturo Valls contactó con la empresa Rocío Monasterio y Asociados para realizar la reforma de un local de la zona de Lavapiés para convertirlo en una vivienda. Dicha obra fue realizada de manera irregular ya que no estaban en posesión de todos los permisos requeridos por el ayuntamiento. La licencia de reforma fue solicitada en ese mismo año, pero no se le concedió.
A pesar de ello, las obras siguieron su curso y no contestó a los requerimientos de la Junta Municipal de Distrito centro realizados por los servicios técnicos. De todas maneras, dicha reforma fue utilizada en su página web como ejemplo para sus clientes: "En pleno Rastro de Madrid encontramos un local en pésimo estado, repleto de estanterías y de objetos almacenados que no permitían ni apreciar el espacio. Se demolió toda la tabiquería, se abrió al patio antes existente y se tramitó el cambio de uso a vivienda".
La defensa de la líder de VOX en Madrid argumentaba que el objeto de las obras no era la transformación de local a vivienda, sino la de una simple reforma. El tribunal entiende que es "indudable" la inclusión de esta tarea en el contrato. Finalmente, la Audiencia Provincial en noviembre de 2022 desestimó el recurso de la defensa y confirmó la condena: "Corresponde a la parte apelante, como profesional, no iniciar dichos trabajos sin la obtención de dichas licencias".
La condena
Finalmente, el tribunal ha considerado que el estudio de la portavoz de VOX incumplió el contrato y ha condenado a la empresa a pagar 3.838,49 euros de sanción administrativa y 4.205 euros de costes de demolición, lo que hace un total de 8.043 euros que deberá de pagar de forma solidaria, ya que la constructora Diseño de Ambientes para el Confort S.L. ha sido condenada también. Conjuntamente deberán de realizar las obras convenientes para que esté acorde con la "legalidad urbanística".
Arturo Valls, que pagó 116.000 euros por el local, ha pedido que se le sea abonado el total, algo que ha desestimado el tribunal, alegando que se ha beneficiado del aumento de valor por la obra y ha obtenido beneficios por su arrendamiento. De todas maneras, la sentencia no es firme, ya que Monasterio ha interpuesto un recurso.
