'La Manada', el grupo condenado por abusos sexuales en julio de 2016, continuará en libertad tras la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra. El tribunal no aprecia riesgo de reiteración delictiva, riesgo de fuga ni considera que se hayan registrados cambios significativos en el caso.
Con este movimiento, los jueces desestiman la prisión provisional que habían solicitado la Fiscalía, la acusación particular (ejercida por la víctima) y las dos acciones populares, encarnadas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.
Solo uno de los tres jueces ha apostado por enviar a prisión sin fianza al grupo condenado por abusos sexuales. Se trata del presidente de la Sección Segunda, José Francisco Cobo.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. En el caso de que cambiase de criterio, podría atender la argumentación de la fiscal, que pide el ingreso en prisión al entender que "una vez confirmada la condena de nueve años de prisión, la no modificación de los llamados 'hechos probados' por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, y las especiales características del recurso de casación hacen necesario asegurar el cumplimiento de dicha condena de nueve años de prisión".
Uno de los temores del Ministerio Fiscal, mencionado en su escrito, señala la importancia de "evitar la posibilidad de que los penados se sustraigan a la acción de la Justicia, haciendo ilusoria dicha condena".
Divisiones durante todo el proceso
El procesamiento de 'La Manada' ha provocado fuerte polémica y divisiones entre los magistrados encargados del caso. La condena por abuso sexual, en vez de agresión, generó una fuerte respuesta que se manifestó en concentraciones a lo largo de toda España.
El caso más llamativo lo protagonizó uno de los tres magistrados de la Sección Segunda, Ricardo González, que apostó directamente por la absolución de los acusados tras apreciar sexo consentido en los vídeos aportados.
Los cinco condenados se encuentran en libertad provisional desde el pasado 22 de junio de 2018 tras abonar, cada uno, una fianza de 6.000 euros. Desde entonces, dos de ellos se han visto inmersos en nuevos problemas con la Justicia.
El primero es Ángel Boza, que volvió a prisión durante un breve período de tiempo por robar unas gafas en El Corte Inglés de Sevilla e intentar atropellar a los agentes de seguridad durante su huída. El segundo es el guardia civil, Antonio Manuel Guerrero, que intentó renovar su pasaporte, aunque se le mantuvo en libertad.
