Un documento publicado por Human Rights esclarece que las organizaciones que controlan las minas ejercen una presión y un control sobre las personas que viven y trabajan en el lugar. "Imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos." Las personas que residen allí han declarado que conocen casos en los que miembros del sindicato han desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.
Venezuela cuenta con reservas de recursos como oro, diamantes y níquel, así como coltán y uranio. "Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela", declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Esta situación se ha acentuado por la situación económica del país.
"Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales." aclara Human Rights en el documento." En esta zona tiene presencia, sobre todo, un grupo armado colombiano llamado Éjercito de Liberación Nacional (ELN) y al menos una organización disidente que se formó con miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las minas están separadas en sindicatos que a su vez son dirigidos por un jefe. Hay varios sindicatos que controlan las áreas mineras en función de un reparto y cada uno se encarga de imponer sus propias reglas. Los mineros son obligados a pagar el 80% del oro que obtienen y los que residen en la zona y se dedican a otras labores como los negocios deben pagar una cuota fija de oro por semana para poder desarrollar sus actividades, según señalaron los entrevistados.
En el año 2019, el Observatorio Venezolano de Violencia ha publicado su informe anual sobre los casos de violencia en estos países. Según los datos recopilados, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. Este año cierra con al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes por cada cien mil habitantes.
Bolívar es el segundo país más violento del país, de acuerdo a los resultados de la investigación. El Callao, capital del municipio de Bolívar, con una población de 20.000 personas tuvo 620 homicidios por cada 100.000 habitantes.
"Le colocaron un trapo en la boca y le cortaron la mano con un hacha frente a todos"
Según fuentes locales, entre 2012 y 2019, se interpusieron al menos 50 denuncias de personas que habían desaparecido. Debido a que no son estadísticas oficiales y no se ha llevado un recuento exhaustivo puede ser que el número sea aún mayor.
Human Rights recoge en su informe declaraciones de personas que presenciaron los abusos en las minas de Venezuela. Todos ellos decidieron usar un pseudónimo para evitar represalias y posibles consecuencias.
Ricardo Gómez, un hombre de 49 años, trabajó en una mina cerca de Las Claritas entre enero y octubre de 2017. Gómez contó las diferentes abusos de poder que se dieron durante el periodo que trabajó en la mina. En abril de 2017 una minera le robó 10 gramos de oro a un trabajador con el que había mantenido relaciones sexuales durante algún tiempo. Los miembros del sindicato secuestraron a la mujer, la ataron a un árbol y le cortaron la cabeza con una motosierra y descuartizaron el cuerpo frente a otros residentes.
Un mes antes de este suceso mientras los mineros trabajaban alguien robó un móvil y un vigilante del sindicato identificó como presunto responsable a uno de los mineros. "Los miembros del sindicato le colocaron un trapo en la boca y le cortaron la mano con un hacha frente a todos", declaró el extrabajador de la mina. Más tarde lo subieron en un camión y nunca más volvieron a saber de él. La mujer fue pasados unos días a preguntar por su marido pero nadie le quiso responder: "Si dices algo que nos perjudique, también vas a desaparecer".
Otra extrabajadora de las minas en El Algarrobo y La Cucharilla en 2018 prestó declaración en el informe bajo el pseudónimo de Ligia Castro. Según narra, durante el año que estuvo en la mina acusaron a una chica de robar unos pantalones a otra mujer, a pesar de que insistió en que ella no había robado nada. Miembros del sindicato le cortaron las manos con un machete, mientras le gritaban "¡Acá no se puede robar!", luego cogieron a la mujer y la subieron a una lancha.
