El Partido Popular enfrenta hasta tres imputaciones como formación por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, beneficiarse de las presuntas mordidas para pagar campañas y por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.
La apertura de estas causas podría saldarse con una sentencia que condenase a la formación conservadora como organización criminal, una decisión que supondría la disolución inmediata del partido. Una opción que, sin embargo, cuenta con pocas papeletas a día de hoy.
Sin embargo, la defensa del PP ya ha establecido una estrategia con la que evitar 'el mal trago' de pasar a juicio y evitar que el partido tenga que sentarse ante un tribunal. Una imagen que desde Génova quieren evitar a toda costa (la fotografía de Rajoy declarando sentó como un jarro de agua fría).
La hoja de ruta para evitar su procesamiento pasa por solicitar la aplicación de la conocida como Doctrina Botín, tal y como intentó la Infanta Cristina durante la celebración del juicio por el Caso Nóos.
En este caso, el PP intenta evitar el juicio porque no le acusan ni la Fiscalía ni el supuesto perjudicado por el borrado de los discos duros, que según el partido sería Bárcenas.
Sin embargo, la instructora del juzgado número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid sí apoyan el procesamiento y consideran que la formación ocultó pruebas con el fin de entorpecer la acción judicial. En concreto, se les acusa de los delitos de daños informáticos y encubrimiento. Aprecian, además, datos indiciarios suficientes para iniciar el juicio.
El PP llegó a resetear 35 veces los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas, los ralló y los tiró a la basura, a pesar de que la Audiencia Nacional los solicitaba para ayudar a esclarecer la investigación por la caja B del partido, los papeles de Bárcenas. Ha sido imposible recuperar toda esa información vital para la investigación.
En cuanto al posible perjudicado, el exterorero Luis Bárcenas, es cierto que no ha acusado al partido. Sin embargo, los medios han advertido en numerosas ocasiones de la existencia de un pacto entre ambos de no agresión mutua.
En este caso se ha incluido también a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro; al representante legal y asesor jurídico Alberto Durán; y al exresponsable informático de la formación, José Manuel moreno.
Con la aplicación de la doctrina Botín, el PP quiere evitar el juicio a toda costa, basándose en que tan sólo se ha personado la acusación popular. Sin embargo, sentencias como las de Juan María Atutxa, han concluido que el juicio no se puede evitar cuando el daño invade el interés social o colectivo.
