Se la ha acabado el chollo a Hazte Oír. La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus partidos políticos una Proposición No de Ley que pide la retirada al grupo radical utraconservador de la condición de entidad de utilidad público que le fue concedida en 2013 por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Esta consideración ha permitido a la organización aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y de este modo financiarse.
Fue en diciembre cuando el grupo socialista presentó esta propisicón después de que Hazte Oír hiciera llegar a miles de centros educativos de toda España un panfleto en el que atacaba y cuestionaba las leyes en favor de la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTBI aprobadas en diversas comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid no actuó.
A raíz de la intensificación de su campaña del odio con la puesta en circulación de autobuses con mensajes en contra de los menores transexuales, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiedas -dos a propuesta del PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de "utilidad pública" a Hazte Oír, una competencia del Gobierno central- así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo.
La proposición ha contado el respaldo de todos los grupos, tanto PSOE y Podemos como PP y Ciudadanos. Los 123 diputados presentes -seis no se encontraban- han votado a favor aprobando así la Proposición No de Ley.
Los beneficios de los que ha gozado Hazte Oír
Hazte Oír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por el entonces ministro del Internerio, Jorge fernández Díaz, cercano ideológicamente a los principios de la organización. Atendiendo a la Ley Orgániza 1/2002 del 22 de marzo, sorprende que el grupo ultraconseravador obtuviera esta consideración. Entre otras condiciones, sus fines estatutarios deben ser:
"Promover el interés general" y ser de carácter "cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza".
Dado que Hazte Oír no cumple prácticamente con ninguno de estos principios pues uno de sus pilares es la más rancia LGTBIfobia promoviendo discursos de odio y hasta terapias para "curar" la homosexualidad resulta lógico que se le retire un título que nunca se le debió de dar. ¿Cómo una organización que vulnera los derechos fundamentales de un colectivo puede ser de utilidad pública?
Más allá de los principios, lo que a Hazte Oír le intersa son los beneficios fiscales de los que ha gozado por ser de utilidad pública. Según informa infoLibre, esta consideración ha permitido a sus donantes desgravarse de la declaración de la renta el 75% de los primeros 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen dicha cifra. Es decir, si alguien dona 200 euros a Hazte Oír por ejemplo, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Con estos beneficios, no es de extrañar que Hazte Oír haya aumentando sus ingresos en un 69% pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.
