Hace 8 años, en marzo del 2010, el agente de la Ertzaintza con código profesional 6312, fue convocado de urgencia en el juzgado. El secretario judicial le hizo entrega de una orden de detención del titular de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) en la Diputación del presidente del PNV en Álava, Iñaki Gerenabarrena. Se trata de Alfredo de Miguel, no es muy conocido, pero tiene un gran poder política e influencia en el territorio. Le investigan por corrupción. Junto a él tienen que ser detenidos otros dos dirigentes del PNV, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, sus esposas, el empresario Jon Iñaki Echaburu, y el director de una empresa pública, Alfonso Arriola. Además, sus domicilios y otras dependencias oficiales se registrarán. Después de años desde que se llevara a cabo esta operación el próximo lunes arrancará el mayor juicio por corrupción que jamás se haya visto en el País Vasco. En el banquillo podremos ver 26 imputados - la cúpula de la supuesta trama de corrupción- y se enfrentan a penas ejemplarizantes solicitadas por la Fiscalía de hasta 119 años.
Josu Izaguirre, fiscal jefe de Álava, presentó ante una amplia denuncia por blanqueo de capitales y tráfico de influencias contra los imputados. En diciembre de 2009, Ainhoa Alberdi, una empresaria, acudió a su oficina con grabaciones sonoras y un puñado de correos electrónicos donde explicó que estaba asociada en la empresa Urbanorma Consulting con el constructor Jon Iñaki Echaburu, pero que había abandonado esa sociedad.
Urbanorma Consulting acababa de recibir el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano, Vitoria, donde el gerente era Alfonso Arriola. Cuando Echaburu salió de la compañía, dos dirigentes políticos del partido de Arriola, De Miguel y Tellería, le recordaron que tenía que "pasar por caja" por haber recibido "a dedo" la adjudicación de Miñano. La cantidad de dinero ascendía hasta los 100.000€ y Kataia Consulting era la asesoría que se iba a utilizar como empresa pantalla para la operación.
La trama se ha ido ampliando alrededor de Alfredo De Miguel
Las defensas han intentado relacionar esta denuncia como si se tratara de una venganza amorosa, sin embargo, en una grabación entre la empresaria Ainhoa Alberdi y Echaburu puede tirar abajo este amparo.
En otra reproducción se escucha a Tellería añadir: "de un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido". Además, existen correos electrónicos en los que De Miguel negocia cantidades con Alberdi. Uno de los investigadores del caso, que ha declarado para El Diario, ha visto cómo este asunto se ha ido ampliando alrededor de Alfredo De Miguel y como todo iba adquiriendo una mecánica similar a la de otros casos de corrupción de España.
Además, la cifra de procesados ha ido aumentando con el tiempo y si empezaron con ocho ahora ya suman 26. A los ocho primeros imputados se les han sumado cargos públicos que, presuntamente, facilitaron la actuación de la red de cobro de comisiones ilegales, testaferros utilizados en las operaciones y empresarios que también pasaron por caja.
Hasta 119 años de cárcel para los principales acusados
La acusación pide penas que llegan hasta los 119 años para los principales implicados. Para De Miguel, se le exige pasar 54 años encerrado por 21 delitos de corrupción en los que supuestamente ha estado involucrado. Está claro que las cifras son más elevadas que en otros casos similares, como puede ser el 'caso Urdangarín'. No obstante, de ser condenado, solo cumpliría 15 años.
En un principio a De Miguel se le acusaba de ser un extorsionador, pero ahora ha pasado a ser el presunto cerebro de una trama de empresas controladas por él para recaudar comisiones, hecho incompatible con su condición de cargo de la Diputación de Álava. El que fuera número del partido del PNV en Álava lideró Kataia Consulting, pero sus ambiciones iban un paso más allá ya que también deseaba realizar negocios urbanísticos en la Costa del Sol a través de la empresa Diru Kapital.
En un informe que recibió la Policía en 2011, se descubrió que una de esas sociedades había recibido pagos equivalentes al 4% de contratos de obra pública adjudicados en ayuntamientos gobernados por el PNV. Las facturas eran camufladas como supuestos asesoramientos, mecánica similar a la Púnica o la Gürtel. Las detenciones, en su día muy criticadas, pero resultaron esenciales para que muchas pruebas no desapareciesen, como ya ha ocurrido en otros casos tan sonados de corrupción.
Las comisiones ascendían a más de 700.000€
Echando cuentas podemos decir que las empresas controladas por De Miguel se llegaron a llevar hasta 700.000€ en comisiones, a este dinero habría que sumarle los 100.000 euros que no llegaron a ver de la ampliación del parque tecnológico de Miñano gracias a la denuncia que puso la empresaria Alberdi. De estos 100.000€, hay que restar 45.000€ que se fueron en reformar la vivienda de la mujer del político en Gorliz (Bizkaia). Las operaciones que están siendo investigadas ascienden a 15.536.637,36 euros.
De este cálculo queda excluido la recalificación de 120 hectáreas en localidad de Zambrana, proyecto estimado en 65 millones de euros. La alcaldesa, María Justina Angulo, tiró de Alfredo De Miguel cuando surgió la idea de crear un polígono industrial en la zona. A partir de entonces y con Angulo fuera de la alcaldía, de Miguel se hizo cargo de la situación y puso como intermediario a su amigo vizcaíno Iosu Arruti y, además fichando como inversores a los promotores catalanes de Construcciones Riera. Por cierto, la asesoría de De Miguel, Kataia Consulting, también cobró de Construcciones Riera por supuestos asesoramientos llevados a cabo. Pero de este trabajo no hay ninguna constancia sobre el papel. Los aludidos han alegado que una inundación en el almacén de Sidepur acabó con todos los documentos. Tellería reconoció que había destruido archivos digitales cuando se vio imputado en otro escándalo de características similares.
El objetivo de todo este proceso era y es el PNV. Somos las conexión para relacionar al PNV con presuntas actividades delictivas
En abril de 2011, De Miguel dio una rueda de prensa y se refirió a la denuncia de Alberdi negando todo de lo que se le acusaba, pero admitiendo que compatibilizada la actividad política con la empresarial. En unas declaraciones recogidas en ElDiario, el político explicó: "única y exclusivamente reclamó el pago de una de deuda. De ninguna forma se solicitó el pago de comisiones. Todo mi patrimonio, mis cuentas y las de mi familia se han investigado hasta el último detalle y no se ha detectado enriquecimiento ilícito alguno".
Ninguno de los 26 imputados ha intentando mejorar su postura y así evitar la cárcel. Tampoco se sabe si han intentado llevar a cabo negociaciones con la Fiscalía para llegar a un acuerdo que les rebaje la pena que se les pide. Que haya imputados que trabajen con los mismos abogados y que muchos de ellos sean amigos o familiares, complica aún más el caso y la posibilidad que alguno de ellos se arrepienta y delate al resto.
