El activista y exmilitar Mohamed Benhalima, de 32 años de edad, fue deportado hace 50 días por el Ministerio del Interio a Argelia, a pesar de los diferentes ruegos de las ONG para evitar esta situación. Ahora, un tribunal de Argelia le acaba de condenar a pena de muerte: el país al que había sido expulsado.
Amnistía Internacional va a adoptar una respuesta de urgencia desde las delegaciones de España y Túnez con el objetivo de evitar un fatal desenlace. Benhalima enfrentaba una década de cárcel en el procedimiento penal, que llevaba un tribunal ordinario, pero un tribunal militar finalmente ha dictado pena de muerte.
El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, le denegó la petición de asilo tras retenerlo durante varias jornadas en Valencia. Benhalima había solicitado protección internacional en España sin éxito. En ese momento se encontraba en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia, por estancia irregular en el país. Finalmente fue deportado pese a haber solicitado asilo político.
Interior se ha mantenido completamente en silencio a raíz de este asunto. Tanto el letrado como la familia tienen la esperanza de que Argelia no ha llevado a la práctica ejecuciones durante los últimos años, a pesar de haber dictado sentencias de muerte, y confían en que se mantenga esta práctica. Sin embargo, la familia lamenta la lentitud con la que reciben noticias y que la resolución judicial puede tardar semanas en llegar.
Una década de prisión por participar en protestas y denunciar la corrupción en el ejército
Mohamed Benhalima había sido condenado a una década de cárcel en Argelia por su participación en las protestas populares del movimiento Hirak y denunciar la corrupción en el seno del ejército, tal y como denunció Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ya había documentado los casos de "al menos cuatro activistas que han sufrido tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad argelinas en los últimos tres años por su participación en el Hirak". Por ello, se alertó de que si Benhalima era expulsado a Argelia, suponía una alta probabilidad de que fuera ingresado en una prisión de máxima seguridad, donde se han detectado casos de maltrato y tortura a los reclusos.
Por ello, aseguraban que la deportación suponía una vulneración del derecho internacional, ya que no es posible tomar esta decisión cuando la integridad de la persona se encuentra en peligro en su país de origen. Amnistía Internacional señaló que en 2019 había publicado "una serie de vídeos en redes que exponían la corrupción entre los altos cargos del Ejército. También participó en el movimiento de protesta Hirak, que pedía una reforma del sistema político". "En ese momento le informaron de que su nombre estaba en una lista de militares buscados y huyó a España", explicó.
