Este 20 de noviembre se ha aprobado por unanimidad la ley de niños robados. Sin hacer distinción de partidos ni ideología, los 344 diputados presentes en el Congreso han votado a favor y han aplaudido a las asociaciones de víctimas afectadas. La ley será aprobada con urgencia y puede entrar en vigor antes de verano de 2019.
Los derechos de las familias afectadas de bebés robados se ven reconocidos en una ley estatal similar a la que ya habían llevado a cabo Parlamentos autonómicos como el de Navarra, Andalucía o Comunidad Valenciana.
La propuesta fue registrada en el Congreso en septiembre de 2018 por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina junto a otras 17 asociaciones de niños robados, y el 20 de noviembre PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo mixto han presentado la proposición de ley finalmente aprobada.
Así, por fin se reconoce el derecho de las víctimas y la obligación de que los registros, tanto públicos como privados, o la iglesia católica respondan a la mayor brevedad posible. Antonio Hurtado, portavoz del PSOE a favor de la propuesta, ha destacado la importancia de que los registros respondan en un plazo inferior a tres meses, si son públicos de forma gratuita y si son privados, a cargo del propio ministerio.
Hurtado resaltó la importancia de esta ley para hacer ver que, por fin, "España empieza a cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas para investigar estos crímenes". La propuesta pretende acabar con la impunidad de los ladrones de bebés, además de conseguir que las víctimas no vuelvan a tener las trabas habituales con las que se encuentran a la hora de solicitar información a ciertas instituciones, especialmente a la iglesia católica.
Tras la aprobación por unanimidad, varios diputados se hicieron una foto con las familias de las asociaciones de víctimas que esperaban a la puerta del Congreso. Allí mismo confirmaron su compromiso de agilizar los trámites lo máximo posible para hacer entrar en vigor la ley cuanto antes.
Las herramientas para que las víctimas obtengan justicia
Además de la obligación de los registros de aportar datos en menos de tres meses se creará una fiscalía y una unidad de la policía judicial especializadas en el tema y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. Antonio Hurtado ha destacado la importancia de facilitar a las víctimas "herramientas, instrumentos normativos y los recursos necesarios" para que el Estado cumpla con "su obligación de investigar la verdad de los hechos, que las víctimas obtengan justicia, reparación, y asegurar que este terrible crimen no se vuelva a repetir jamás".
También se creará una base de datos nacional de ADN más precisa que la existente actualmente. En 2012 ya se estableció un registro estatal de ADN a cargo de los Ministerios de Interior, Justicia y Sanidad. Esta nueva base a la que se podría apuntar cualquiera que se considere víctima estaría supervisada por Justicia y revisada por la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. El registro será gratuito, y también lo será practicar alguna exhumación si fuera necesario para comparar ADN.
