La Constitución Española fue aprobada en 1978 por el 88% de los votantes en todo el territorio nacional. Sin embargo, en Cataluña el porcentaje aumenta hasta el 90%, siendo aceptada por la gran mayoría de los catalanes. Este mismo texto validado por la gran mayoría de la población faculta al Gobierno central para aplicar un apartado reservado a situaciones de excepcionalidad, el famoso y temido Artículo 155.
La tensión política y social existente entre la Administración liderada por Mariano Rajoy y la Generalitat de Carles Puigdemont ha puesto en el punto de mira el 155 de la Carta Magna. Pese a que la posible rupturade Cataluña con España aún no sea percibida como uno de los principales problemas del país por la sociedad en general, según las encuestas del CIS, la magnitud del conflicto apunta a la posibilidad de la intervención política del gobierno catalán.
¿Qué es y cómo se aplica el Artículo 155?
Aún no existe ningún precedente en la historia democrática de nuestro país debido a que el citado artículo no se ha llevado a la práctica. Sin embargo, su redacción es tansimple como ambigua. El Gobierno nacional tiene la capacidad para obligar a una Comunidad Autónoma, mediante la mayoría absoluta delSenado, a cumplir con sus obligaciones para con la sociedad en aras de la protección del interés general.
Para llevar a cabo esta aplicación, se debe producir una situación rotundamente excepcional, aunque la ley deja las puertas abiertas a la interpretación que puedan realizar los políticos de ella. Sin embargo, paso previo a su puesta en práctica, el presidente del Gobierno centraldebe hacer un "requerimiento" al Ejecutivo cuestionado.
En este caso concreto del conflicto por el referéndum ilegal y las dos leyes aprobadaspor el Parlament sin debate previo y al margen de la Constitución, si Puigdemont hiciera caso omiso a lo que se le solicita, el Gobierno de Rajoy podría pedir al Senado la intervención directa de la Comunidad. Para ello debe disponer de mayoría absoluta, algo que el PP tiene en esta Cámara que hasta ahora ha resultado inútil para los ciudadanos españoles.
El papel del Senado
La Cámara ha pasado sin pena ni gloria desde que España recuperara la democracia y sus libertades puesto que en la práctica no ha sido de utilidad para los ciudadanos. Sin embargo, el 155 le daría un protagonismo inusual. El presidente del Gobierno tendría que presentar una serie de medidas que podrían ser enmendadas por la oposición.
Este punto del apartado resultaría inútil en la actualidad ya que el PP dispone de una mayoría absoluta y podría llegar a imponer casi con total seguridad lo que quisiera como ya hizo durante la primera legislatura de Rajoy en el periodo 2011-2015 en el Congreso de los Diputados.
Medidas que se podrían tomar
El texto no establece las medidas concretas que puede tomar el Gobierno de la nación para obligar a una Comunidad a cumplir con la ley. Sin embargo, diferentes juristas como Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, afirman que hay un amplio margen dentro de la proporcionalidad y el control que lleve a cabo el propio Senado. En la línea de lo comentado, asegura que Rajoy podría controlar las cuentas de la Generalitat, a los consejeros, destituir cargos e incluso la excepcionalidad de disolver el Parlament.
Otro catedrático de la Universidad del País Vasco, Eduardo Vírgala, asegura que entre las medidas que se podrían tomar no entraría la posibilidad de suspender la autonomía, siendo este el "límite" real de dichas acciones. Este paso, según afirma, supondría una reforma encubierta de la Constitución que cambiaría la actual configuración del Estado de las Autonomías.
Tiempo de aplicación
La puesta en marcha del Artículo 155 podría ser inmediata y aprobada de manera exprés si la situación en Cataluña derivara en un incumplimiento de la ley tras la celebración -o no- del referéndum independentista del 1 de octubre.
Para aplicar las medidas que el Gobierno considerara oportunas, no existiría un plazo establecido ni límite en el tiempo. Es decir, Rajoy podría controlar políticamente a la Generalitat hasta que la situación volviera a la normalidad y se volviera a encauzar dentro de la Constitución a los catalanes.
Diferentes expertos constitucionalistas aseguran que una situación tan grave como la que se está viviendo ahora justificaría la aplicación del 155 jurídicamente. Sin embargo, creen que primero resultaría necesario intentar reconducir la situación con diálogo y utilizando todas las actuaciones políticas que fueran necesarias antes de llegar a algo tan extremo y que podría caldear los ánimos en Cataluña. Incluso podría parecer contraproducente y ser una máquina creadora de nuevos independentistas.