El Juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha dictaminado que el despido de Antonio David Flores es "nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor". La jueza considera que la productora, La Fábrica de la Tele, quiso sacar "rédito empresarial" al comunicar el despido de su trabajador en directo, en el programa 'Sálvame', "reservándose la exclusiva" y no mediante una carta de despido.
La Fábrica de la Tele es la misma empresa que produjo posteriormente el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que durante varios episodios Rocío Carrasco cuenta su versión de los años que pasó con su pareja y en los que afirma que sufrió malos tratos.
La jueza entiende que, al conocer el contenido del documental, la empresa podría haber rescindido el contrato de Antonio David Flores con anterioridad y no hacerlo justo el día después de la primera emisión. Además, considera que ese movimiento responde a una estrategia "no solo para poder llenar los contenidos previos de los programas a la emisión del documental, sino para garantizarse la exclusividad de las declaraciones de Antonio David tras dicha emisión".
La magistrada considera, además, que "ante la pérdida de dicha oportunidad, como consecuencia de la relevancia social y mediática que tuvieron los dos primeros episodios del documental, la empresa decidió hacer espectáculo de su despido, aunque eso pasase por vulnerar el derecho al honor de su trabajador". A pesar del relato de Rocío Carrasco, no hay sentencias condenatorias contra Antonio David Flores.
Una indemnización a Antonio David Flores
En cumplimiento de la sentencia, La Fábrica de la Tele ahora deberá abonar a Antonio David Flores los salarios que dejó de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal que unía al tertuliano y la productora, unos 32.000 euros, así como una indemnización de 50.000 euros por los daños ocasionados por haber vulnerado su derecho al honor, según adelanta el diario El Mundo.
La abogada de Antonio David, Isabel Cruz, explica al diario La Opinión de Coruña que la forma en la que se había comunicado el despido no se ajustaba a derecho, ya que se había entrado en una "cuestión privada" y preveía que el procedimiento sería largo toda vez que esperan que la productora presente recurso.
