La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra cuatro directivos de Iberdrola por supuesta manipulación de los precios de la energía. Ha solicitado a la Audiencia Nacional hasta cuatro años de prisión, 84 millones de euros de multa y 107 millones de indemnizaciones por un presunto fraude.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha comenzado las investigaciones de las maniobras de Iberdrola a finales de 2013 destinadas supuestamente a dejar fuera de juego a las centrales hidráulicas que más barato producían. En consecuencia, el precio de la electricidad pasaba a estar con las centrales de ciclo combinado, de una producción más cara.
Mayor precio en el mercado eléctrico
"Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", explica la Fiscalía en su escrito.
De este modo, Iberdrola conseguiría un mayor precio en el mercado eléctrico durante las tres semanas de diciembre de 2013. En las investigaciones puede observarse cómo, en ese mismo tiempo, el precio de las ofertas de la energía eléctrica aumentó, "sin causa legítima que lo justificara" en relación a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo.
Aunque por entonces se experimentara cierto incremento en los precios de la energía en el mercado de contado, seguían "situados en un coste óptimo de la oportunidad", explica la Fiscalía. Esto obligó a que se retiraran varias de las centrales que entonces eran consideradas "baratas" ya que se vieron forzadas a dejar de producir energía.
Tras estas operaciones en el año 2013, el precio megavatio subió 7,156 euros. Esto generó un aumento en las arcas de Iberdrola de 21.222.818 euros. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción solicita que la compañía eléctrica pague el cuádruple de esa cantidad en concepto de multa (84.891.272 euros), además de un decomiso de los 21,2 millones de beneficio ilegal.
Y eso no es todo. La investigación de la Audiencia Nacional ha calculado el perjuicio económico total en 107.340.000 euros. Con esta cifra la Fiscalía pide indemnizar a los afectados. Asimismo, las compañías comercializadoras sufrieron un perjuicio de 10,5 millones de euros. Los consumidores con contratos a precio variable fueron los que soportaron el eso de estas cifras así como por las compañías de seguro que daban cobertura a los contratos de precio fijo.
