La Fiscalía Anticorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas opacas que usaban los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, así como alguno de sus familiares, incluyendo algunos de sus nietos. Según publica El Diario, se trata de una serie de tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, afirman fuentes cercanas a la investigación.
Los movimientos de estas tarjetas, cuyos fondos proceden del extranjero según este diario, son posteriores a la abdicación del padre del actual rey, Felipe VI, por lo que no están amparados por la inviolabilidad constitucional que le protege de ser juzgado. Juan Carlos dejó el trono en el año 2014 mientras la investigación se centra en los años 2016, 2017 y 2018.
Entre las personas que se beneficiaron de estas tarjetas opacas, según señala la investigación, no se encuentran los actuales reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, ni tampoco las hijas de estos, la princesa de Asturias, Leono, ni su hermana la infanta Sofía.
Anticorrupción, además de los gastos de estas tarjetas, también estaría analizando el origen de los fondos con los que se cubrían, que al parecer era dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital posteriores a 2014, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte, apunta El Diario. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.
Indicios de presunto delito fiscal
Ya se habrían encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. Además, entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecen varios viajes a Londres, donde la griega tiene su residencia habitual desde hace varios años.
La investigación, según revela este medio, también ha permitido identificar a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil.
Tanto el rey emérito, que actualmente reside en Emiratos Árabes, donde huyó tras conocerse los escándalos de su fortuna en paraísos fiscales y de las comisiones millonarias, como la reina Sofía, son aforados, por lo que esta investigación, si sigue adelante, deberá ser llevada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Cabe destacar que doña Sofía cobra una asignación de dinero público la Casa Real que asciende a 111.854 euros anuales. Al rey emérito, que en 2019 cobró 161.034 euros, le fue retirada la asignación el pasado mes de marzo, cuando trascendieron sus escándalos. Precisamente la causa de los 65 millones de euros que Juan Carlos I habría recibido de Arabia Saudí en 2008 y que después habrían sido derivados a su amante Corinna Larsen en 2012 podría ser archivada al ser delitos cometidos antes de su abdicación y, por tanto, estar amparado por la Constitución que establece la inviolabilidad del rey.
