La Fiscalía Anticorrupción investiga comisiones millonarias procedentes del Ayuntamiento de Madrid que fueron recibidas por dos empresarios que intermediaron en la compra de material sanitario en marzo de 2020, justo unos días después de que se declarase el Estado de Alarma.
La investigación tiene como protagonista a Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y se centra ahora en averiguar cómo este empresario contactó con el cargo del Ayuntamiento que en ese momento se encontraba cerrando contratos por material sanitario por la pandemia.
Así, desde finales de 2020 Anticorrupción tiene abiertas diligencias de investigación para seguir el rastro de seis millones de euros que fueron a parar a estos dos empresarios por facilitar la llegada desde China de mascarillas y tests de antígenos. Por el momento, se cree que la comisión obtenida por Luis Medina Abascal ronda el millón de euros mientras que el otro empresario, Alberto Luceño Cerón, también amigo suyo, logró una comisión de cinco millones de euros por la misma operación, según ha adelantado El Diario
La unidad especializada se encuentra rastreando indicios de falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la actuación de ambos empresarios. Al parecer, tan solo unas pocas semanas después de estallar la pandemia, Luis Medina Abascal habría contactado de forma telefónica tres o cuatro veces con el cargo del Ayuntamiento encargado de la gestión de material sanitarios. En esas llamadas, el empresario le habló de un buen amigo suyo, el otro implicado, especializado en importar material textil de Asia.
Así lo contó en una comparecencia ante Anticorrupción la persona encargada de la adquisición de material de protección contra el virus. Según la investigación, esas llamadas fueron la única actuación de Luis Medina Abascal y el único motivo por el que se habría llevado la comisión de 1 millón de euros.
De esta forma, esas llamadas dieron pie a la entrada de Alberto Luceño Cerón en los contratos que el Ayuntamiento realizó, tramitados a través de la empresa pública funeraria de Madrid. Entre las adjudicaciones que se investigan a la empresa de esta persona se encuentran un contrato de 6,2 millones de euros por mascarillas FFP2 y KN95, un segundo de 4,6 millones de euros por guantes de nitrilo y un tercero por valor de 3,9 millones por tests de autodiagnóstico. Por estos contratos se produjo una comisión de 5 millones de euros que es en lo que se centra la investigación.
En ese momento, todos los grupos municipales dieron el visto bueno a todas las compras realizadas por el Ayuntamiento, producidas en un momento en el que el mercado internacional sobre material sanitario se convirtió en un auténtico caos en el que el primero en asegurar el pago era quién se llevaba. La urgencia de por aquel entonces impidió fiscalizar cada uno de los contratos. En total, el Ayuntamiento formalizó 72 contratos a través de la funeraria por un valor de 42,1 millones de euros, según los datos del Tribunal de Cuentas.
Comunicado del Ayuntamiento
Tras la publicación de esta información, el Ayuntamiento de Madrid ha emitido un comunicado en el que reconoce la existencia de esta investigación, de la declaración en forma de testigo de la persona encargada de las compras en esas fechas y de la entrega de toda la documentación requerida.
Mediante este comunicado, el Consistorio madrileño asegura ser el "primer interesado en conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos", a la vez que afirma estar "prestando la máxima colaboración con la Justicia y lo seguirá haciendo hasta que se esclarezcan todos los hechos".
