La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el contrato de 1,5 millones en concepto de mascarillas dado por la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive durante la primera ola de la pandemia sigue su curso.
Ahora, según fuentes del procedimiento, ya se ha solicitado un Informe a la Intervención General de la Administración del Estado con la intención de estudiar si se ha producido alguna irregularidad en esa adjudicación. De la misma forma se ha solicitado la información bancaria necesaria para comprobar cómo, cuánto y en qué concepto se ejecutaron los pagos, así como todas las facturas pertinentes.
Una vez realizadas estas investigaciones, la Fiscalía tiene la intención de citar a declarar en su sede de Madrid en la calle Manuel Silvela tanto al dueño de la empresa Priviet Sportive, el amigo de la presidenta Daniel Álcazar, como al hermano de esta, Tomás Díaz Ayuso.
El 'hermanísimo' intervino como comisionista en la operación y por ello se llevó una cantidad de 283.000 euros repartidos en cuatro pagos, aunque solo uno de ellos, un importe de 55.850 euros más IVA, habría sido de parte de la Comunidad de Madrid.
El fondo del asunto
El objetivo de estas investigaciones es averiguar cómo y por qué un empresario sin experiencia en ese campo accedió a intervenir en la contratación, quién y de qué forma le comunicó a Tomás Díaz Ayuso que podía acceder a estos trámites, así como investigar qué papel jugó en toda la operación y por qué y cuánto cobró exactamente.
Tanto Daniel Álcazar como Tomás Díaz Ayuso comparecerán con los mismos derechos y obligaciones que los de un imputado judicial. Así, están obligados a presentarse a la citación e incluso pueden ser detenidos si se niegan a hacerlo. En ella, tienen derecho a guardar silencio o incluso a mentir. El resultado de sus declaraciones y de las investigaciones podrá ser utilizado posteriormente por Fiscalía para presentar una querella y abrir entonces un procedimiento judicial.
