La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 19 años de prisión para Eduardo Zaplana, exministro de José María Aznar y expresident de la Generalitat Valenciana, como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas.
A Zaplana se le imputan seis delitos: pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, delitos continuados de cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación administrativa y un delito de falsedad en documento oficial.
En el escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras catorce personas, en una operativa de supuestas mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.
El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, asegura en su escrito de acusación que el exministro, tras abandonar la política, "realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros".
Durante su "extensa carrera política", Zaplana, "formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a su posición institucional y de gobierno", según el escrito de Anticorrupción.
La instrucción del 'caso Erial' ha acreditado una fortuna en paraísos fiscales de 15 millones de euros supuestamente blanqueados a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.
La trama
Según el auto, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que, aprovechándose algunas de ellas de los cargos políticos que tenían o habían tenido, a lo largo de los años junto a varias empresas ya existentes o creadas ex profeso, y ayudadas por empresarios, facilitaron la obtención de contratos públicos; todas las partes lograron beneficios económicos que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos.
Los presuntos delitos que cita el auto son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y como presuntos autores apunta a una veintena de personas, entre ellas Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens (testaferro), los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà, el también expresident de la Generalitat Valenciana y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.
Los investigados, "dirigidos por" Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.
Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete con Zaplana en la Generalitat, Mitsuko Flerida, su secretaria personal, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo Sedesa (Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá), y el ya fallecido Juan Cotino (expresidente de les Corts Valencianes, exvicepresident del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía), usando sociedades como Asedes Capital.
Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat Valenciana, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.
Zaplana defiende su inocencia
Eduardo Zaplana ha reiterado su inocencia y "absoluta disconformidad" con la acusación que formula hacia él y otras catorce personas el fiscal anticorrupción y ha lamentado la "instrucción inqusitorial" a la que se ha visto sometido los últimos siete años.
"Una vez visto el escrito de acusación del Fiscal, muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan", ha señalado en un comunicado.
"Al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales", ha añadido.
Por último, Zaplana expresa su confianza en que en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que le permitan acreditar su inocencia y "que hasta el momento le han sido vedadas".
