Anna Gabriel no acudirá este miércoles 21 de febrero a declarar ante el Tribunal Supremo, donde está citada como investigada en la causa que instruye el juez Pablo Llarena por el proceso independentista. Así lo ha anunciado en una entrevista en el periódico suizo Le Temps: "Como no tendré un proceso justo en casa, he buscado un país que pueda proteger mis derechos".
La exdiputada de la CUP toma esta decisión después de conocer que el magistrado impusiera una fianza de 60.000 euros para dejar en libertad a Marta Rovira. La decisión de los anticapitalistas será comunicada en una rueda de prensa en Barcelona este mismo martes en la que Gabriel participará por videoconferencia.
Según la CUP, la actuación del Tribunal Supremo responde a una "persecución política" contra el independentismo y así quieren demostrarlo internacionalmente. Por esta razón, han optado por esta vía situando a otro país europeo en la ecuación después de que Puigdemont y los exconsellers que le acompañan consiguieran desde Bélgica que España retirase la euroorden contra ellos.
Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del Gobierno ya me ha condenado
Gabriel considera que será "más útil a mi movimiento en libertad que detrás de las rejas". "Comprendí que tenía que irme. No soy la única a la que espera la prisión; todo el gobierno catalán está amenazado", señala. Ha asegurado que "la cuestión de Cataluña debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren silenciar la independencia mediante la represión", y sostiene que el Gobierno central no actúa ante la violencia de grupos fascistas.
El caso de Suiza
Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel se arriesga a ser objeto de una orden de extradición o comisión rogatoria, pero su abogado en suiza, Oliver Peter, considera la amenaza de una extradición poco probable teniendo en cuenta que España retiró su solicitud en el caso de Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
El caso de Suiza es diferente al de Bélgica ya que el sistema de órdenes europeas no existe al no ser un país comunitario. El equipo de Gabriel considera que España necesitaría demostrar que hubo violencia para conseguir una extradición.
En Suiza, aunque no existen los delitos de rebelión y sedición por los que se investiga a Gabriel, sí que se contempla el de secesión. Pero, como ocurre en España con los delitos políticos, la secesión en Suiza implica el empleo de violencia. Este es el punto que los abogados de la exdiputada podrían aprovechar para hacer que toda la causa quedase cuestionada en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Gabriel se encuentra en Ginebra ya hace un mes, al menos desde el pasado 21 de enero, y durante todo este tiempo se ha dedicado a preparar su defensa internacional.
