La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mantenido un primer contacto con varias organizaciones sociales. En el encuentro, ha informado sobre el compromiso del Ministerio para apoyar el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia grupos en situación de vulnerabilidad.
Redondo se ha comprometido a que "cualquier persona de su equipo que no trabaje por implementar la Ley Estatal LGTBI+" no continuará formando parte de su equipo de trabajo.
La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil, ha defendido la necesidad de implementar esta legislación "para garantizar derechos y ejercer como dique de contención contra los recortes del PP y VOX en las autonomías", una propuesta que ha sido apoyada desde el Ministerio de Igualdad.
"Blindar las instituciones contra discursos del odio y que señalan a grupos vulnerables es la única vía para reducir la discriminación"
Sangil ha explicado que este acuerdo de protección a grupos en contextos de vulnerabilidad representa un "compromiso político fundamental para frenar el odio que se vierte desde hace años desde las instituciones públicas. Se trata de un odio no solo contra el colectivo LGTBI+, sino también contra las personas que viven con VIH, personas con discapacidad, migrantes, personas gitanas o en situación de sinhogarismo, a quienes no podemos dejar atrás".
Por este motivo, ha defendido la urgencia de "blindar las instituciones publicas contra los discursos que alimentan el odio y señalan a los grupos vulnerables como amenazas como única vía para reducir la discriminación y las agresiones que estas personas sufren en las calles".
La presidenta de FELGTBI+ ha expresado que "los discursos de odio son las causas y los delitos de odio las consecuencias" que se derivan. El informe del Ministerio de Interior cifra un incremento del 4,18% en este tipo de casos. La asociación ILGA, que trabaja por la igualdad de derechos entre personas LGTBI, vincula el aumento de los discursos de odio con el incremento de agresiones.
El acuerdo alcanzado por este pacto fue suscrito en marzo de 2023 entre la FELGTBI, la Fundación Triángulo, la Asociación Chrysallis, la Fundación ONCE, CERMI, Cesida, el Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR y Hogar Sí, además de los sindicatos UGT y CCOO.
En el texto se expresan medidas concretas, como la elaboración de campañas de sensibilización, análisis estadístico de los discursos de odio, la elaboración de un estudio anual del impacto individual y colectivo que tienen estos mensajes en las personas en situaciones de vulnerabilidad; o la formación en materia de discurso de odio en los entornos laborales, al funcionario, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en los centros educativos y en el ámbito sanitario, entre otras.
