La respuesta institucional a la DANA que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha sido duramente criticada por Amnistía Internacional. En un informe publicado recientemente, la organización acusa a la Generalitat Valenciana de haber incurrido en una gestión "negligente" que supuso, según sus conclusiones, una vulneración de derechos humanos.
La falta de información oportuna, la descoordinación entre administraciones y la escasa atención a las víctimas son algunos de los puntos señalados.
La investigación, firmada por el experto Daniel Canales y titulada 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma', se basa en testimonios de 17 familias afectadas y en entrevistas con decenas de vecinos de las zonas más golpeadas.
El informe será trasladado a la Fiscalía y documenta las consecuencias de una actuación institucional que, a juicio de Amnistía, dejó a la ciudadanía desprotegida ante una emergencia anunciada.
Derecho a la vida y a la integridad física
El derecho a la vida y a la integridad física, recuerda el texto, incluye la obligación de las autoridades de informar de forma accesible y eficaz ante situaciones de riesgo. Algo que no ocurrió, según los datos recabados por la organización. Además, se critica la "falta de un enfoque basado en derechos humanos" en la toma de decisiones tanto durante como después de la catástrofe, lo que generó una profunda sensación de abandono.
A la Generalitat Valenciana se le atribuye la responsabilidad directa de coordinar la respuesta, tal como recoge la Ley de Protección Civil autonómica. Sin embargo, Amnistía también apunta al Gobierno central por no activar, de forma preventiva, los mecanismos que le otorga la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para dirigir la emergencia cuando esta afecta a más de una comunidad.
Desde el Ministerio del Interior, según detalla el informe, se limitan a señalar que dicha intervención solo se produce a petición de las autonomías, solicitud que en este caso no existió.
El dolor de las víctimas como prueba
El documento incluye además desgarradores testimonios, como el de José Manuel, que sobrevivió aferrado a un semáforo durante seis horas mientras perdía a su hermano. O el de Marta, que tuvo que organizar por su cuenta la búsqueda de su padre desaparecido, sin apoyo de las autoridades.
Casos como el de Meri, en Catarroja, reflejan la impotencia de quienes vieron morir a sus familiares esperando una ayuda que nunca llegó.
Amnistía también analiza el impacto de la desinformación durante los días posteriores a la tragedia, destacando que la ausencia de canales oficiales sólidos facilitó la difusión de bulos que agravaron la situación. Por ello, entre sus 14 recomendaciones, insta a las instituciones a revisar sus protocolos de comunicación, formar en gestión de emergencias y garantizar que los procesos de recuperación incluyan a las comunidades afectadas.
En definitiva, el informe plantea la necesidad de rendir cuentas y reformar los sistemas de respuesta ante catástrofes para que, en el futuro, ninguna negligencia institucional vuelva a poner en peligro la vida de los ciudadanos.
