Amnistía Internacional lo ha dejado muy claro: no considera ni presos políticos ni presos de conciencia a los exmiembros del Govern catalán ni a los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, en prisión provisional por el procés.
La organización de derechos humanos ha aclarado que prefiere utilizar el término "presos de conciencia" ya que no existe una definición a nivel internacional de "preso político", aunque vendrían a ser quivalentes. En cualquier caso, condidera que ninguno de ellos cumple los requisitos para ser dernominados como tal.
"No consideramos a los miembros del Govern presos de conciencia porque son acusados de actuaciones que pueden constituir delito. Hasta el momento, tampoco consideramos preso de conciencia a los Jordis, pero sí pedimos la retirada de los cargos de sedición y fin a su encarcelamiento provisional", han señalado desde Amnistía Internacional España.
Así, ni el exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ni los otros siete exconsellers encarcelados se pueden considerar presos políticos, al igual que tampoco ocurre con Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) pese a que desde el independentismo pretenden dar esta imagen convirtiéndolos prácticamente en mártires de un Estado dictatorial.
De cualquier modo, la organización está haciendo un "seguimiento" sobre las garantías de un juicio justo tanto para los exmiembros del Govern como para los miembros de la Mesa del Parlamento catalán: "Las autoridades judiciales deben garantizar que la discrecionalidad con la que cuenta la Fiscalía no se ejerce de manera arbitraria o desproporcionada".
Sus delitos
La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, envió a prisión el pasado 16 de octubre a los líderes de ANC y Òmnium. A Sànchez y Cuixart se les imputa un delito de sedición por dirigir y alentar una muchedumbre presuntamente el 20 y 21 de septiembre para tratar impedir que se llevase a cabo la Operación Anubis contra la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Por su parte, Oriol Junqueras y los exconsellers fueron eviados a prisión el pasado 2 de noviembre tras comparecer en la Audiencia Nacional acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos tras la declaración unilateral de independencia.
