Amnistía Internacional, la organización que defiende los derechos humanos en todo el mundo, critica la falta de justicia y reclama a España la reapertura de los casos por el fallecimiento de más de 35.000 personas en residencias durante la pandemia.
"El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados", ha explicado el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, en referencia a las autoridades españolas, que tenían la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos dentro de las residencias de ancianos durante la pandemia.
"Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma", ha añadido.
Se le reclama a la Fiscalía la reapertura de todos los casos que fueron archivados y que se investiguen exhaustivamente, además de denunciar la opacidad de la institución ya que carecen de datos públicos que muestren en que casos se ha intervenido. Sí han reconocido la publicación del oficio que garantizaba que las familias pudieran ser escuchadas en los casos que siguieran activos.
Expusieron además ciertos avances de las fiscalías en diferentes provincias, como la de Mataró, en Barcelona, que presentó una querella en abril de 2022 por homicidio imprudente, maltrato y lesiones contra los responsables de una residencia. Otra fue la de Madrid, que solicitó como testigos a Alberto Reyero (exconsejero) y a Carlos Mur (firmante de los protocolos de eclusión de la derivcación a hospitales).
Desde Amnistía Internacional se le ha pedido al Defensor del Pueblo que presente un informe detallado sobre la investigación de las muertes para guiar a las autoridades y al Consejo General del Poder Judicial un seguimiento sobre el acceso de las víctimas a la justicia.
Radiografía de una tragedia
Antes de que comenzara la pandemia, alrededor de 335.000 ancianos vivían en residencias españolas, siendo un 70% privadas. Tras la pandemia, los datos hablan de unos 35.000 mayores fallecidos en estos centros, alrededor de un 10% de éstos, y un 30% del total de fallecidos a nivel nacional. Más de la mitad de estas muertes se produjeron en residencias de Madrid, Cataluña y Castilla y León.
Destaca además que, de los 315.000 ancianos que se encuentran en residencias, el 90% (277.000) han tenido el covid, la tasa de contagio más alta de toda la población. Pese a la magnitud de lo ocurrido, que dejó a la vista las graves carencias en materia de gestión de centros residenciales, no se han producido apenas cambios notables. El único destacable podría ser el protocolo de visita y aislamiento en caso de contagio.
Durante la crisis por el covid y el estado alarma, el Gobierno defendía que las residencias eran de competencia autonómica, mientras que las comunidades autónomas afirmaban que era cosa del Ejecutivo poner soluciones. Casi tres años de continuos reproches y enfrentamientos entre comunidades y Gobierno central que, como siempre, no han conducido a ninguna solución.
Si bien es cierto, en algunas comunidades autónomas se encuentran investigando ciertas propuestas y modificaciones en materia de gestión de estos centros, como reducir su tamaño, aumentar el personal de cuidado, mejores condiciones laborales o habitaciones individuales. De momento, tanto Amnistía Internacional como todas las familias de los fallecidos esperan que se haga justicia.
