Amnistía Internacional vuelve a la carga y arremete de nuevo contra España por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión o su ausencia nuestro país. En esta ocasión, la organización a favor de los Derechos Humanos ha centrado su análisis en las leyes antiterroristas y en la polémica reforma del Código Penal de 2015, donde se modificó el artículo 578.
Dicho artículo recoge en la actualidad la inclusión de Internet como un medio proclive para el enaltecimiento de terrorismo, y es, junto a la Ley Mordaza de ese mismo año, el principal culpable de todos los procesos judiciales que han levantado el interés de estas organizaciones.
Como recoge Amnistía, entre 2013 y 2014, los años anteriores a la reforma, hubo 17 condenas por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. En 2015, año del cambio en el Código Penal, la cifra subió hasta los 18. En 2016 se dobló (35), mientras que este abultado número se mantuvo en líneas generales el pasado año, con 31 condenados.
En este nuevo informe de 16 páginas, Amnistía considera que el "uso abusivo" de las leyes antiterroristas "tiene un efecto paralizante y puede crear un entorno en el que las personas teman expresar opiniones poco populares o incluso de hacer chistes polémicos".
Una reforma orientada a la represión política
Amnistía no muestra reparos en acusar a España de utilizar una supuesta ley antiterrorista para, en realidad, "reprimir las expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país".
Señala, además, que los preceptos antiterroristas recogidos en la reforma son "imprecisos" y "dan a los Estados el poder de criminalizar un gran abanico de expresiones que no alcanzan el grado necesario para constituir incitación".
El resultado: casos como el de Cassandra Vera o César Strawberry, recogidos por la propia ONG a la hora de ejemplificar la desproporcionalidad de las penas en territorio español. El informe asevera que la reforma del Código Penal supone "un impacto devastador", que va "desde cuantiosas multas hasta largos períodos de exclusión del sector público, pasando por las penas de prisión".
Amnistía exige la derogación del artículo 578 del Código tal y como está escrito en la actualidad, y pide que las causas por los supuestos delitos de odio o humillación a las víctimas sean juzgadas por lo civil, pero nunca por lo penal. Para aquellos que ya han sido condenados, la ONG demanda la conmutación de las penas. El Gobierno, mientras tanto, calla.
