La polémica surgida bajo el manto del Instituto de Derecho Público del catedrático Enrique Álvarez Conde podría tener los días contados. Al menos, para los llamados 'alumnos VIP', es decir, aquellos que presuntamente obtuvieron su título con todo tipo de facilidades.
La base de esta conclusión llega gracias a la decisión de la Fiscalía de archivar la causa contra el líder del PP, Pablo Casado. La prescripción de los delitos por los que se le acusa podría desencadenar en una carambola judicial muy beneficiosa para la gran mayoría de los imputados.
Entre ellos, se encuentran la exministra de Sanidad, Carmen Montón (que no recuerda dónde se encontraba su campus porque "no tenía carné e iba en taxi" -sic-), así como tres compañeras de Casado y otro de Cifuentes.
El caso de Montón es el más reciente y, si prospera esta posibilidad, sería también el más breve. Por el momento, la jueza ya ha abierto diligencias por presuntos delitos de cohecho impropio y prvaricación, los mismos que solicitó al Supremo para imputar a Pablo Casado.
La jueza no ha presentado ninguna prueba concreta
Sin embargo, la prescripción de los delitos y el trabajo de la jueza indican que el caso puede contar con un resultado satisfactorio para los imputados. Primero, porque el fiscal ha destacado que la instructora no incluyó en su exposición razonada ninguna prueba concreta del concierto delictivo entre el dirigente conservador y la persona señalada como cabecilla del caso, el catedrático Enrique Álvarez Conde.
La jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, señala que el Instituto se creó con el fin de contar con una herramienta que otorgase "prebendas" a políticos para ganar favores.
Por ello y tras las diversas investigaciones internas que ha realizado la Universidad Rey Juan Carlos en los últimos meses, finalmente se ha decidido disolver el centro que se encontraba vinculado a la institución académica.
Discrepancias en el Caso Casado
La investigación en torno al líder del PP, sin embargo, ha despertado una serie de discrepancias entre las autoridades judiciales. La jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, asegura que ve indicios de delito de cohecho y prevaricación administrativa y pide su imputación en el caso.
Por su parte, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, asegura que a Casado, como alumno del título, únicamente se le podría imputar un delito de cooperador necesario, y señala que Rodríguez-Medel sólo ha mostrado "meras sospechas y conjeturas.
Por último, la Fiscala General del Estado, María José Segarra, ha asegurado que sí aprecia los delitos señalados por la jueza instructora, pero también añade que se encuentran prescritos, por lo que no habría posibilidad de abrir causa contra Casado.
Mientras tanto, todo queda a la espera de la resolución oficial del Tribunal Supremo, aunque el presidente popular considera que el asunto ya se encuentra cerrado y ha espetado el siguiente mensaje ante los militantes: "No todos somos iguales".
Cifuentes, una excepción
En este caso, hay una excepción, al menos por el momento. Se trata de la causa contra la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sobre quien pesa la imputación por los delitos de cohecho y falsificación de documento público.
A diferencia del resto de imputados en la causa, la que fue todopoderosa Delegada del Gobierno cuando aprobó su título, no cuenta con trabajo, se han señalado amenazas y hay actas falsificadas (con firmas simuladas y un tribunal que jamás existió).
Sus delitos implican penas de cárcel y la pérdida de su plaza como funcionaria en la Universidad Complutense de Madrid.
