"Que se muera la vieja zorra ya". Fotografías de Hitler y mesajes de apoyo: "Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas, este señor es dios, ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviese al mando". Deseos de un nuevo atentado en Barcelona y explosiones en LaSexta. De ejecutar "cacerías de guarros" (como llama la ultraderecha a las personas con ideologías de izquierdas). De lapidar inmigrantes y "incrustarles casquillos vacíos en la nuca a martillazos". Amenazas de muerte explícitas a Carmena y varios personajes públicos.
Estos son solo algunos de los contenidos que un grupo de policías expuso en un chat de WhatsApp inicialmente abierto para reivindicar mejoras en las condiciones laborales y que terminaron con varios miembros marchándose, una denuncia ante la Fiscalía y la retirada de la placa y la pistola en mitad de una investigación interna sobre todo lo sucedido.
Los tres agentes implicados hasta la fecha habían permanecido suspendidos y bajo investigación. Hasta ahora: el nuevo director de la Policía Municipal nombrado por PP y Ciudadanos ha archivado el expediente disciplinario bajo el argumento de que "no resulta reprochable la conducta que se les imputaba" y les ha devuelto la placa y pistola, según publica El Diario.
El nuevo ejecutivo municipal se basa en la decisión de la Justicia, que archivó la causa tras el recurso de uno de los agentes. El magistrado que llevó la causa por lo penal aseguró que los comentarios eran "ciertamente xenófobos e incitadores al odio", pero que no podían perseguirse en ningún caso porque se habían producido en un entorno privado. Y lo hizo tras el recurso de un agente, ya que en un primer momento sí consideraba que era un entorno público porque ese chat tenía más de un centenar de miembros.
Impunidad para los agentes al autor de la publicación de los chats
La publicación de los chats hizo tambalear las estructuras de poder en la Policía Municipal, donde algunos mandos y agentes se habían enfrentado a la actual alcaldesa.
El escándalo llevó a algunos de los implicados a iniciar una auténtica campaña de acoso y derribo con el fin de localizar a la persona que filtró esas conversaciones y, en definitiva, hacerle la vida imposible dentro del cuerpo policial.
Todo ello llevó a la denuncia de un agente, que supuestamente recibió todo tipo de amenazas al convertirse en sospechoso de la filtración. La Justicia no niega que sean realidad, pero la sentencia las rebajaba a "meros exabruptos" que se produjeron en un entorno privado. Por estos hechos, el Ayuntamiento también abrió un expediente y una investigación interna, que ahora queda cerrada porque, según el nuevo director de la Policía, "no resulta reprochable la conducta que se le imputaba".
