La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, colocó a todo su círculo de confianza en la cúpula de las empresas públicas del gobierno regional. Con este movimiento, consiguió evitar cualquier tipo de desencuentro a la hora de gestionar las sociedades que ahora se vinculan a corrupción. El control de Aguirre sobre estas empresas era absoluto, tal y como ha señalado Francisco Granados en su declaración ante el juez.
Aguirre impuso los nombres de las personas que iban a ser colocadas en los puntos neurálgicos y decisivos de la Comunidad de Madrid. Según la confesión de Granados, estas personas seguían punto por punto las imposiciones que llegaban desde la boca de la expresidenta.
Entre estas sociedades destaca Nuevo Arpegio, dirigida por el propio Granados y señalada en Púnica por la cesión de suelo de manera ilícita. Estas gestiones se realizaban a través del plan Prisma, un coladero para todo tipo de corruptelas en la región.
Granados fue uno de los dirigentes de Arpegio, aunque sin mando real. El exsecretario general del PP regional asegura que todas sus decisiones partían de las órdenes de Eduardo Larraz, conocido "amigo de ella (por Esperanza) y de Ignacio González": Aguirre "me obligaba a delegar todas las funciones en Larraz", ha señalado directamente el exsecretario general del PP madrileño.
La amistad que unía a Larraz con Aguirre y González, quizás sirvió para que el Ejecutivo regional eludiese la orden de un banco suizo: Larraz fue expulsado en 2008 tras almacenar 146 lingotes de oro por "sospechas de corrupción". La presidenta no tuvo estos hechos en cuenta y tampoco investigó a su hombre de confianza.
Sin embargo, la serie de 'enchufados' incluye una larga lista, en la que siempre destacan personas relevantes del entorno privado de Esperanza Aguirre y, en menor medida, Ignacio González.
La gran mayoría de ellos pertenecen a Arpegio, sociedad encargada de gestionar suelo público en la Comunidad de Madrid. Hasta allí llegaron Carmen Plata "amiga de Esperanza", Jaime González Taboada (en la mesa de contratación y número tres de Cifuntes unos meses atrás) o Miguel Ángel Ruiz, consejero delegado de Arpegio de 2008 a 2010 e imputado en el caso Púnica.
De la órbita de Ignacio González, Aguirre permitió la entrada de Manuel Beltrán, exviceconsejero de Medio Ambiente y posteriormente Economía como consejero. Posteriormente, en 2014 (un año antes de la salida de González como presidente) Beltrán fue colocado como secretario de administración del Canal de Isabel II, donde se mantiene con Cristina Cifuentes al mando.
Control de las adjudicaciones y Golf
Junto con la colocación de personas de estrecha confianza, Esperanza Aguirre también decidió cambiar el ordenamiento jurídico de la Comunidad. Ahora, el plan Prisma que se controlaba desde Arpegio, contaría con responsables únicamente elegidos desde las altas instancias regionales. Una forma de aumentar su poder e influencia.
El plan Prisma es uno de los puntos calientes de la corrupción. Cuenta con varios escándalos sobre gestión irregular del suelo y se gestionó con personas nombradas gracias a su estrecha confianza con Aguirre, de quien dependían las grandes decisiones.
Entre los proyectos señalados se encuentra el proyecto Biogolf, precisamente relacionado con uno de los deportes predilectos de la lideresa. El proyecto tuvo la finalidad de introducir flora y fauna en los campos de Golf. Su campaña de promoción en la Feria Internacional Madrid Golf 2010 fue dirigida, precisamente, por su hermana Rocío Aguirre. La decisión contó con la desaprovación de los ecologistas.
Junto a ello, se incluye la recuperación medioambiental del Cerro de los Ángeles en Getafe. El proyecto tuvo la intención de reforestar y acondicionar las instalaciones. Costó 1,6 millones de euros y fue incumplido por parte de las cobraron el dinero público.
Gestión de los Transportes
A toda esta lista de personas colocadas por el 'dedo divino' de Esperanza Aguirre, se suma la gestión del Consorcio Regional de Transportes. La gestión de las ampliaciones de Metro y las fechas de apertura de algunas estaciones en período electoral y contra las decisiones de los técnicos, se permitió gracias a una cúpula con miembros afines y leales a la presidenta.
"Ningún consejero era autónomo para hacer nombramientos. En Transportes yo sólo pude nombrar a mi secretaria y jefe de gabinete", critica Granados. Entre los allegados de la presidenta destacan, en este caso, la secretaria general técnica Carmen Díaz de Bustamante "amiga de Aguirre" y el director gerente del Consorcio, José Manuel Pradillo.
