El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, imputará esta semana, previsiblemente este lunes 2 de septiembre, a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Con ello, la región cuenta con todos sus exmandatarios imputados desde 1995 (Gallardón, Aguirre, Ignacio González y Cifuentes), con la excepción de Garrido y Rollán, que llegaron al cargo inesperadamente tras el estallido del caso Máster.
A la imputación de las expresidentas regionales también se sumarán algunos exconsejeros regionales de la etapa de Esparanza Aguirre. Entre ellos, según El Confidencial, destacan los titulares de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, artífices de la privatización sanitaria ejecutada en la región.
En todo este embrollo, el juez García-Castellón considera sospechoso que todo el entramado funcionara completamente al margen de la presidenta del partido, Esperanza Aguirre, sin que hubiera tenido ninguna constancia de ello. Además, une esta circunstancia a la cota de poder que la exlideresa regional mantenía en Fundescam, uno de los organismos que habrían sido empleados para la financiación irregular del PP.
En cuanto a Cifuentes, el juez señala que ejerció entre 2004 y 2008 como secretaria de Política Territorial del partido y en los comicios de 2007 fue, además, responsable de movilización del PP. González fue quien ejerció como director de esas campañas y parte de los fondos empleados partieron de la trama Lezo, donde también se encuentra imputado.
En la ronda de declaraciones que se espera que comenzará en la segunda quincena de septiembre, también podría ser imputado el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, el exdirector de la Agencia de Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM), Silvano Corujo y el consejero delegado, José Martínez Nicolás. También comparecerá el expresidente Ignacio González, que se encuentra imputado en la pieza 9 de la trama, pero al que el magistrado quiere volver a escuchar tras la nueva oleada de investigados. Las expresidentas Aguirre y Cifuentes serán las últimas en declarar cuando el juez haya escuchado todos los argumentos del resto de encausados.
Con estas más de 40 imputaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional quiere desentrañar todas las responsabilidades en la caja B de la formación autonómica y otras piezas de la trama, como Cofely o la que investiga la construcción de colegios. El juez quiere actuar con premura y se espera que, solo en la semana del 9 de septiembre, se cite a un total de 18 imputados.
Junto a los políticos del PP que formaron parte de la estructura del gobierno, también se esperan imputaciones de funcionarios o empresarios. El más destacado es el expresidente de Indra Javier Monzón.
Las comparecencias se celebrarán ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y por allí circularán los protagonistas de una década de gobierno, precisamente, cuando el nuevo Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso empieza a tomar forma bajo la sombra de la sospecha.
En esta pieza no se espera, como se especuló, la comparecencia del exconsejero de Presidencia Francisco Granados. Sin embargo y según El Confidencial, sí tiene intención de acudir a escuchar la declaración de los nuevos imputados de forma voluntaria.
Sospechas de financiación a través de testaferros
Con estas imputaciones, el juez Manuel García-Castellón quiere despejar sus sospechas en torno a la financiación irregular del Partido Popular madrileño durante la etapa de Esperanza Aguirre.
La UCO sostiene que el partido recibió dinero con donaciones ilegales de Indra, que llegó a través de una red societaria controlada a través de testaferros y empresarios amigos que habrían colaborado en la trama.
El tramo sobre el que hay mayores sospechas se sitúa entre los años 2008 y 2013, un tiempo en el que el PP de Madrid habría acumulado un total de 1.054.247 euros a través de prácticas irregulares.
La trama Púnica ya cuenta con un total de 200 investigados y 16 piezas separadas, que Anticorrupción quiere reducir ahora a 11. La investigación inició con Francisco Granados y David Marjaliza, pero las tramas que han ido apareciendo con el paso de los años han extendido el caso a otras provincias como Murcia o León y han aumentado exponencialmente el número de imputados.
