El de profesor visitante o profesor asociado se ha convertido en un puesto controvertido en las universidades. Esta figura, según viene reflejado en el Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid de 2003, debería estar formado por un "profesor o investigador de reconocido prestigio que desarrolle o haya desarrollado su actividad en universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros", una circunstancia que no todos los centros universitarios cumplen.
La normativa tiene una finalidad: atraer a personalidades prestigiosas del mundo de la docencia para ofrecer sus conocimientos a los alumnos durante uno o dos años. Sin embargo, algunas universidades, como la URJC o la Carlos III, han aprovechado el vacío legal para incorporar el puesto de profesor asociado como uno más de la plantilla, aumentando sobremanera el porcentaje del convenio y eliminando los principios de exclusividad del mismo. En vez del 1% que suelen tener la mayoría de facultades, la Carlos III, posee, según datos de 2017, un 15%; por su parte, en la Universidad Rey Juan Carlos se alcanza el 20%.
De este modo, en los centros citados el cargo de profesor asociado está completamente desvirtuado, ya que no lo forman docentes experimentados, sino profesores que ejercen como tal bajo un contrato temporal y precario.
De hecho, en 2016 un profesor denunció a la facultad por cobrar una cantidad menor a la estipulada en su contrato de profesor asociado. La URJC admitió en el juicio las irregularidades en esta contratación y le pagó los más de 10.000 euros que le debían por su último año.
Las deficiencias, sin embargo, han seguido vigentes hasta la fecha. A principios de este año, volvieron a acusar a la facultad de irregularidades en el pago y el trato a docentes que tenían este tipo de contrato, lo que desencadenó una protesta estudiantil que cortó de raíz la URJC mediante censura.
La universidad negó los hechos e incluso amenazó con medidas legales
El rumor corrió por los pasillos de la universidad y algunos alumnos iniciaron una campaña bajo el hashtag #corrupciónurjc criticando las malas prácticas del centro. La institución frenó las protestas bajo un amenazante comunicado, en el que llegaba a advertir que tomaría acciones legales contra aquellos que dudaran de su inocencia.
El fuerte tono del comunicado sirvió para asustar a los alumnos y la gran mayoría de ellos borró sus tweets, calmándose así la situación. Hasta la fecha, la universidad no ha vuelto a hablar del tema ni ha aclarado este hecho, más allá de negarlo rotundamente una y otra vez.
