El pasado 19 de octubre del año 2000, Manuel Vicente, un joven recién casado de 26 años, se encontraba trabajando en una obra contratado por la firma Secour SC. El sevillano, que en ese momento llevaba a cabo una reforma en la calle Mallol de la capital andaluza, debía subirse junto a otro compañero al tejado de la nave donde practicaba su oficio en esos días. Mientras se elevaban con la ayuda de una plataforma, y justo antes de atarse a unos arneses, Manuel tuvo la mala suerte de apoyarse en un vértice que le hizo precipitarse causando su inmediato fallecimiento.
Secour, la empresa constructora de la que eran dueños los hermanos Francisco José y Juan Jaime Rodríguez, tenía por aquel entonces un seguro contratado con Mapfre cuya póliza no cubría aquellos accidentes laborales con resultado de muerte, por lo que la responsabilidad penal cayó directamente sobre los dueños de la constructora. Debían ser ellos los que se hicieran cargo de las indemnizaciones económicas.
A pesar de las excusas de ambos empresarios, que alegaban no haber ordenado a Manuel Vicente que se subiera al tejado de la nave, echándole todas las culpas de su imprudencia al propio fallecido, la jueza entendió que los patronos tenían la obligación legal de impedir al trabajador que realizara aquella labor sin las medidas de seguridad establecidas (pues los arneses debieron atarse antes de subirse a la plataforma elevadora).
Cuatro años más tarde del siniestro, en abril de 2004, el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla dictó sentencia y los hermanos Rodríguez fueron condenados a quince meses de prisión y a pagar dos indemnizaciones a la madre y a la viuda de Manuel Vicente (Sonia, que cuando ocurrió el accidente era una joven de 24 años). Ambas compensaciones económicas sumaban la friolera de 210.000 euros.
Los dueños de Secour agotaron todos los recursos y un año más tarde, en 2005, el tribunal confirmó la pena y solicitó al juzgado de lo penal que la ejecutase de inmediato, algo que nunca llegó a ocurrir. En esos cinco años desde que ocurriera el siniestro, los hermanos Rodríguez, con la intención de eludir en el futuro el pago de una indemnización, declararon en quiebra la empresa y abrieron otra. Además, uno de ellos hizo separación de bienes con su esposa y le donó casi todos sus bienes tan solo unas semanas después del accidente.
Se prepararon a conciencia, tal como pudo averiguar la viuda tras contratar a un detective privado, para intentar eludir una condena que, a pesar de ser ratificada, nunca fue ejecutada. En septiembre de 2008, Sonia solicitó al juzgado que, al menos, los dos empresarios cumplieran la pena de quince meses de prisión ya que habían logrado burlar a la justicia y no pagar ninguna de las indemnizaciones.
Hasta abril de 2012 el juez y el fiscal hicieron caso omiso a las peticiones de Sonia y, cuando se dispusieron a decretar el ingreso en prisión, la ejecución de la pena había prescrito. El límite máximo para dicha ejecución es de cinco años y en 2012 habían transcurrido ya siete años. Nada pudo hacerse. ¿El resultado? Dos culpables de homicidio imprudente que, a ojos de la ley, han quedado libres de delito. Todo por un error judicial.
El Consejo del Poder Judicial ha reconocido que, en este caso, la Administración de Justicia ha cometido un grave error y que la víctima de dicho error debe ser recompensada, aunque esta recompensa se traduce en una simple compensación económica. Los culpables del delito han quedado libres para siempre. El abogado de Sonia ha solicitado al Estado una indemnización de 10.000 euros, una miseria si tenemos en cuenta que la viuda debió haber cobrado más de 200.000 euros.
