El PSC ha alcanzado un pacto de investidura con ERC que otorgará la presidencia de la Generalitat de Cataluña a Salvador Illa. Uno de los puntos más polémicos dentro de dicho acuerdo es el nuevo régimen de financiación, que permitirá a Cataluña establecer un modelo similar a los cupos vasco y navarro, que será plenamente efectivo en 2026.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido la conveniencia de este pacto como una vía de abrir la puerta a una mayor descentralización del Estado y, de este modo, caminar hacia la España federal que recoge su formación.
ERC, que se considera un partido de izquierdas, ha suscrito el pacto, también apoyado por sus juventudes, y se ha atribuido como principal logro tener en su mano por completo la "llave de la caja", que implica salirse del régimen común, modificar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña, siguiendo los modelos vasco y navarro.
Precisamente, los fueros vasco y navarro surgen en el siglo XIX en plenas guerras carlistas, como una solución para integrar a dichas milicias, entonces fuertes en estos territorios, a diferencia del resto del país, y evitar nuevos enfrentamientos. A cambio, Navarra y País Vasco entregan aquellos impuestos relacionados con los servicios que no han sido transferidos, que técnicamente se denominan cargas no asumidas.
De este modo, País Vasco y Navarra recaudan sus impuestos por sí solas, al contrario que en el resto de España, donde esta labor está en manos de la Agencia Tributaria. Y, además, se incluye devoluciones de tasas, como la recaudación del IVA, que sí recauda Hacienda, pero que después se ajusta para la devolución de la parte aportada por sus ciudadanos. Acuerdos monetarios que son opacos y que se firman en despachos.
La financiación de las comunidades
El Gobierno defiende que esta medida supone abrir la puerta para revisar todo el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, especialmente cuando muchos territorios han mostrado en diversas ocasiones este tipo de problema.
El sistema actual, de régimen común, tiene un enfoque de reequilibrio territorial y con el objetivo de formentar la igualdad de las Comunidades Autónomas. En la actualidad, los únicos que aportan cantidades netas al sistema son la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Cataluña; mientras que el resto recibe más de lo que aporta.
Las diferencias en la aportación también son significativas. Mientras que la Comunidad de Madrid aporta el 25% de sus impuestos al restos de los territorios, dicho porcentaje se reduce significativamente en los casos de Cataluña y Baleares, hasta el 7%.
El informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) constató en su último informe, sobre la liquidación del SFA de 2022, que el sistema aportó a las comunidades con menor renta 24.141 millones de euros, repartidos entre el Estado (14.313 millones de euros) y las comunidades de mayor renta, Madrid, Cataluña y Baleares (9.828 millones de euros).
Por el lado contrario, se encuentran Canarias y Extremadura, que reciben gran parte de los ingresos derivados de este sistema redistributivo. En el caso del archipiélago supera en la totalidad de sus ingresos y en el caso extremeño, más del 85%.
Desigualdades
El sistema intenta corregir, de este modo, desigualdades. Son especialmente patentes en todos los ámbitos. Mientras que el PIB per capital en Cataluña supera con holgura los 32.000 euros, en Extremadura se sitúa en poco más de 21.000.
Mientras que Cataluña tuvo un presupuesto de más de 44 millones de euros, Extremadura tan solo de 6 millones. Además, el riesgo de pobreza se sitúa en el 13,9% en Cataluña, mientras que en Extremadura se dispara hasta el 27,6%; o la tasa de desempleo se sitúa en el 9% mientras que en Extremadura supera el 16%.
Todo ello se une a los grandes problemas de inversión en las regiones con menor renta en España, un problema que dificulta el desarrollo de industrias, comercio y, con ello, puestos de trabajo. Especialmente destacable vuelve a ser el caso de Extremadura, donde el mal estado de sus conexiones con el resto del país suponen un golpe a su economía.
Pedro Sánchez llegó al Gobierno anunciando un Ejecutivo comprometido con valores como la igualdad, el reparto de la riqueza, las desigualdades o la lucha contra la pobreza infantil. Sin embargo, la ruptura de la caja común pone en entredicho los mantras, mientras que muchos barones socialistas se alzan en contra de su acuerdo.
Volviendo a las diferencias entre las comunidades más desfavorecidas y las más ricas, cabe destacar la existencia de entre 600.000 y 800.000 extremeños fuera de su tierra, una cifra que supone más del 42% de su población actual total. Alrededor de 180.000 de ellos viven actualmente en Cataluña, un dato que supone la población conjunta de dos de las ciudades más grandes, Badajoz y Mérida.
Esta emigración es la que ha contribuido con su trabajo a levantar los territorios a los que se han visto forzados a desplazarse. Mientras, los problemas de despoblación, falta de infraestructuras e inversión amenazan el futuro de parte del país.
