El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, han presentado las claves de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de la celebración del Consejo de Ministros. El acto ha tenido lugar en la sala Tapies de La Moncloa después de que los socios de la coalición alcanzasen un acuerdo de última hora en lo relativo al Ingreso Mínimo Vital y la regulación del precio de los alquileres, los dos principales escollos de la negociación.
Desde las filas de los morados en el Gobierno se apuntaban a cuatro pilares fundamentales para llegar a un acuerdo final: alquileres, IMV, incremento del IRPF para rentas más altas y modificación del indicador público de rentas (conocido como Iprem y principal herramienta para la concesión de ayudas).
Sobre el IRPF, el acuerdo de gobierno en enero colocaba el umbral de renta alta en 130.000 euros. El PSOE para estas cuentas, singulares por la excepcional situación, no quería tocar el IRPF, a expensas de emprender más adelante una reforma fiscal de calado. Pero finalmente ambas formaciones llegaron al acuerdo de un primer refuerzo de la imposición en rentas del capital a partir de los 200.000 euros de ingresos brutos anuales, y de 300.000 si son rentas del trabajo, así como un incremento de la tributación de patrimonios a partir de 10 millones de euros. También se acordó la reforma del Iprem.
Está previsto remitir el proyecto de ley de Presupuestos al Congreso de los Diputados el miércoles 28 de octubre para el inicio de una tramitación parlamentaria que, con total seguridad, culminará ya en las primeras semanas del 2021. La primera votación en el pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre.
"Son unos presupuestos progresistas y excepcionales", ha definido Pedro Sánchez. Por su parte, Pablo Iglesias ha destacado el acuerdo alcanzado sobre los dos últimos puntos que han mantenio en vilo la vabilidad de los PGE: "Quiero destacar dos acuerdos. La regulación de los precios del alquiler y la ampliación del IMV. Respecto al IMV no hemos hecho las cosas bien. Hemos generado un cuello de botella que ha provocado que esta prestación no llegue. Vamos a ampliar la cobertura para agilizar la solicitud", ha señalado, al tiempo que señalaba el compromiso de "llevar una ley al Congreso para rebajar los precios del alquiler. Una ley que contribuirá a la ciudadanía para lograr una vivienda".
Precio del alquiler
Solo quedaban dos escollos en el aire que los grupos negociadores de ambas formaciones han podido salvar. Así, se ha acordado impulsar en el plazo de cuatro meses una ley estatal de vivienda que permita "poner techo" al precio de los alquileres en aquellas zonas que tengan un mercado "tensionado". La nueva regulación se llevará "al consejo de ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses", reza el acuerdo.
Se incorporarán herramientas para controlar el rally de precios de algunas zonas urbanas, lo que supone que, además de índices de precios, se articularán "mecanismos básicos a aplicar en esas áreas que podrán ser complementados por las administraciones locales, en coordinación con las administraciones autonómicas, las cuales podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler".
"Se establecerán mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", y "se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda".
Ingreso Mínimo Vital
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, los mecanismos para facilitar el acceso incluyen la consideración solo de los ingresos del año en curso, lo que significa que las familias afectadas no tendrán que esperar al fin del ejercicio para acceder a la ayuda en caso de empobrecimiento sobrevenido.
Además, se reduce "de 3 a 2 años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder tener derecho al IMV", lo que mejora la accesibilidad de la prestación para jóvenes que se hayan quedado en paro y no tengan derecho a cobrar el desempleo.
Tambiém se ha establecido "la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al IMV". Esto afecta a la certificación del domicilio de los sin techo que, en muchos caso, debido a su situación no están censados en ningún domicilio, lo que les impide acceder a las ayudas.
