Dos guardias civiles fueron denunciados por presuntamente obligar a la dueña y a los clientes de un bar a meterse balas en la boca mientras sonaba el 'Cara al Sol'. Ahora, el juzgado de León los ha absuelto por considerar que no está acreditado que los acusados realizaran dichas acciones. Así consta en la sentencia a la que ha tenido acceso 20 Minutos.
La acusación declaró en la denuncia que los agentes obligaron a fumar a todo el mundo que se encontraba en el bar. Les forzaron a apagar sus teléfonos móviles y les pidieron el DNI. Posteriormente cerraron el local y advirtieron que "de allí no se movía nadie". En su versión contaban que pusieron el 'Cara al sol', y que obligaron a los clientes a levantar el brazo derecho y a meterse balas en la boca e incluso a tragarlas.
Sin embargo, la versión de los agentes en la declaración del juicio discrepa de la de los demandantes respecto a cómo ocurrieron los hechos, en 2013. Los acusados describieron que ellos le preguntaron al dueño del bar cuál era la hora del cierre, que no se podía fumar "fuera del establecimiento" porque olía a humo y que a los quince o veinte minutos salieron del local.
Contradicciones en la denuncia
A raíz de la denuncia, la sentencia ha considerado que existen varias contradicciones en su versión de los hechos. Por ejemplo, se afirma que la víctima denunció los hechos casi un año después de que ocurrieran, "a pesar de su gravedad".
El juzgado de León ha encontrado también contradicciones en las manifestaciones entre los diferentes declarantes, y en el relato de la víctima respecto a las declaraciones de otras personas. En este sentido, han encontrado incoherencias como que el denunciante le contó lo ocurrido al alcalde de la localidad, y este lo niega, o que la hija de la víctima confesó que al día siguiente de lo ocurrido había botellas rotas en el bar, y según la versión de la denuncia el establecimiento se había quedado limpio esa noche.
Tras el análisis de estas discrepancias, la jueza ha considerado oportuno absolver a los acusados porque no existen pruebas suficientes de la autoría de los hechos, y apunta a que las pruebas presentadas no permiten "destruir" el derecho a la presunción de inocencia.
