El nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no ha escondido jamás su posición con respecto al aborto. Hace tres años, en una entrevista que concedió en laSexta, señaló textualmente que "el aborto no es un derecho". Con lo cual era evidente que, de tomar él el control del Partido Popular, los movimientos antiabortistas cobrarían mucha más fuerza dentro del partido político. Es así como consiguió ganarse los apoyos de la ultraderecha, así como de los católicos más conservadores.
Casado insiste constantemente en que el suyo es el discurso de la vida, porque "no hay nada más progresista que defender la vida, ni nada más necesario que defender la natalidad". Su intención es, si llega a Presidente del Gobierno, modificar la actual ley del aborto que instauró Zapatero, la llamada ley de plazos, e instaurar de nuevo la que regía en los años ochenta, la de supuestos.
¿Cuál es la diferencia entre ambas leyes? Mientras que la ley de plazos permite a las mujeres decicir si abortar o no dentro de un tiempo determinado (las primeras catorce semanas de embarazo), si se volviera a la ley de supuestos, las mujeres tendrían que demostrar que entran dentro de los únicos tres supuestos según los cuales se puede abortar. La libertad de las mujeres a la hora de decidir si abortan o no sería totalmente recortada, por no decir casi eliminada.
Todo sobre la ley de supuestos
En la ley de 1985 solo había tres supuestos por los que una mujer podía abortar: la salud psíquica o física de la mujer, que el feto fuera fruto de una violación, o que el feto tuviera "graves taras físicas o psíquicas". En el primer caso las mujeres podían hacerlo sin restricción semanal, es decir, en cualquier momento del embarazo; en el segundo caso tenían únicamente doce semanas, y en el tercer caso podían abortar hasta la semana veintidós.
Para alegar que la mujer podría sufrir algún daño psíquico o físico, debía presentarse un informe médico de la especialidad en cuestión, y otro de un profesional diferente al que fuera a practicar el aborto. Este era el supuesto que solían alegar aquellas mujeres que querían abortar por decisión propia, pero no era tan fácil como lo es ahora mismo, puesto que necesitaban médicos que avalaran su testimonio. En el caso de que se alegara que el feto pudiera tener algún tipo de problema, también era necesario contar con dos escritos profesionales diferentes, y otro tanto de lo mismo sucedía si se alegaba violación. Aunque en este tercer caso todo era mucho más complicado.
Pongámonos en el caso de que la ley de supuestos volviera a implantarse, y una mujer fuera violada. Sabemos a la perfección que no todas las violaciones se denuncian; si no hay denuncia de por medio, la mujer no puede alegar nada, puesto que no hay forma de demostrar la violación, y no se le permitiría abortar. En el caso de que sí que denunciara, ¿qué pasaría si la Justicia declarara que no es violación, sino abuso sexual? ¿Que no ha ejercido la "suficiente" resistencia? Esta ley de supuestos supone un paso atrás con respecto a la que hay ahora mismo vigente en cuanto a derechos de la mujer.
Y si se incumplían los plazos, o se abortaba sin tener consentimiento, ¿qué pasaba? Se podía penar a la mujer con entre seis meses y un año de cárcel, o incluso el doble, dependiendo de la situación. Fue en 2010 cuando Zapatero decidió promulgar la ley actual, despenalizando el aborto, y bajo la cual cualquier mujer puede abortar durante las catorce primeras semanas sin necesidad de alegar ningún tipo de motivo. Es decir: decidir sobre su propio cuerpo. Si el embarazo presenta algún tipo de riesgo "para la vida o la salud de la madre o el feto", se puede ampliar el plazo hasta la semana veintidós.
En el año 2012, Alberto Ruiz Gallardón tuvo que diseñar, bajo el mandato de Rajoy, un nuevo borrador de ley del aborto que casara más con los ideales del Partido Popular. Por suerte no salió adelante, porque hubiera sido aún más restrictiva que la de hace casi cuarenta años: pretendía eliminar el supuesto de la malformación del feto.
Limitar el aborto es quitarle derechos a las mujeres
Casado alude al derecho a vivir del feto, pero olvida que las mujeres no son incubadoras; un embarazo no deseado (e incluso uno deseado) puede provocar que una mujer pierda su trabajo, su estabilidad familiar, e incluso sus posibilidades de futuro. El proceso del embarazo es muy complicado, limita mucho a la mujer que lo vive, y cuando se hace obligada, es incluso peor. No debemos olvidar nunca que estamos en una sociedad patriarcal donde las empresas aún despiden a las mujeres por quedarse embarazadas, para prevenir así el tener que costear lo que supone una baja de maternidad.
No solo eso: olvida, a su vez, que las únicas que deben tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo son las mujeres, y que el feto no se considera bebé hasta que es capaz de realizar las funciones vitales por su propia cuenta. A esto debemos sumarle que aquella mujer que realmente desee abortar, acabará haciéndolo de un modo u otro; las que tengan más dinero acudirán a países donde sea legal, mientras que las que no lo tengan acabarán recurriendo a clínicas abortivas clandestinas. El riesgo de fallecer en una clínica de este estilo es muy alto, con lo cual lo único que se conseguiría es que muchas mujeres fallecieran tratando de ejercer un derecho fundamental como es el decidir sobre el propio cuerpo.
Las asociaciones feministas ya han amenazado con lanzarse a la calle, como ya hicieron anteriormente, para evitar que el aborto se recrudezca aún más.
