El estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo para frenar la pandemia del coronavirus ha afectado de lleno a la Semana Santa, por lo que ha sido imposible celebrar sus tradicionales procesiones. Sin embargo, hay quien cree que está por encima de estas restricciones y han organizado reuniones para celebrar misas durante las últimas semanas.
La policía se ha visto obligada a detener varias ceremonias religiosas que se han celebrado de manera ilegal en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia. La primera intervención tuvo lugar el pasado 22 de marzo en la Catedral de Valladolid. Las siguientes, han sido este pasado fin de semana en la parroquia de San Servando y San Germán, en el barrio gaditano de La Laguna; en una iglesia evangélica en Murcia; y en la azotea de un edificio del barrio sevillano de Triana.
Por estos hechos, la asociación ultracatólica Abogados Cistianos ha denunciado a los delegados del Gobierno de Andalucía, Castilla y León y Murcia acusando a los responsables gubernamentales de un posible delito de "interrupción de culto" recogido en el artículo 523 del Código Penal al considerar que los policías actuaron "cumpliendo sus instrucciones", según recoge Europa Press.
Abogados Cristianos ha explicado que el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice en su artículo 11: "La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro".
Según Polonia Castellanos, presidenta de la organización ultra, en el Real Decreto hay un anexo "en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos".
Castellanos ha asegurado que estas interrupciones de ceremonias religiosas "son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista". "Se trata de una persecución religiosa", ha criticado. "La reiteración evidencia que no es algo casual. El Gobierno está aprovechando el estado de alarma para acabar con la libertad religiosa", ha denunciado.
Conocidas denuncias
No es la primera vez que Abogados Cristianos acapara titulares por sus polémicas acciones legales. Su última batalla fue contra el actor Willy Toledo, al que denunciaron por cargarse en Dios en una publicación de Facebook. El madrileño, sin embargo, fue absuelto al considerar que sus palabras entraban dentro de la libertad de expresión.
También muy conocida fue la denuncia que presentaron contra Borja Casillas, conocido artísticamente como Drag Sethlas, ganador de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2017, por su actuación en la que se vistió de Virgen y de Cristo utilizando imaginería religiosa. Finalmente se archivó la causa y se condenó a la asociación a pagar las costas generadas.
