El juicio contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores ha dado comienzo este jueves de una forma un tanto abrupta, con el abogado defensor abandonando la sala en pleno proceso judicial y dejando a la mujer sola.
El letrado, Juan de Dios Ramírez, acudía al Juzgado de lo Penal número 1 de Granada con un objetivo claro: aplazar el juicio. Juana Rivas le había contratado en agosto del año pasado junto a José Estanislao López Gutiérrez. Hace cinco meses, López Gutiérrez pidió la baja laboral, y Ramírez asumió todo el caso.
Sin embargo, el letrado ha solicitado al juez, Manuel Piñar Díaz, un aplazamiento al no llevar el juicio bien preparado debido a estas circunstancias. Este le ha replicado que ha tenido tiempo suficiente como para ponerse al día, y ha rechazado la petición. En ese momento, juez y abogado se han enzarzado en una discusión que ha terminado con el letrado fuera del juicio y de la sala. Tras la esperpéntica situación, Piñar Díaz ha trasladado la actitud de Ramírez al fiscal y al juzgado de guardia, y ha aplazado finalmente el juicio al 18 de julio.
Rivas se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel y a una inhabilitación para ejercer la patria potestad durante seis por dos presuntos delitos de sustracción de menores. En mayo de 2016, la mujer regresaba a Granada con sus dos hijos desde Italia, donde vivía con su exmarido Francesco Arcuri. En España, denunció a Arcuri por un presunto delito de maltrato y aseguró que no volvería a Italia con sus hijos, lo que llevó a su expareja a denunciarla por sustracción. En la actualidad, los niños viven con su padre en territorio italiano.
El juez condenó a una mujer por denuncia falsa
El caso de Juana Rivas, polémico de por sí, adquiere un mayor interés al conocer el historial de Manuel Piñar Díaz, el juez encargado del proceso. Condenó en 2011 a una mujer a un año y medio de prisión y una multa de 6.480 euros por presentación de testigos falsos y falsa denuncia. Llevaba así la contraria a la Fiscalía, que sí creía a la mujer. En el informe de la sentencia, comentaba lo siguiente:
"No es de extrañar que haya personas que traten de aprovecharse de las medidas tuitivas [de defensa] que la legislación pone a disposición de las víctimas de violencia doméstica. Lo que sí es rechazable es el posicionamiento ideológico al que se ha apuntado la Fiscalía General del Estado que está impidiendo la adecuada persecución de algunas falsas denuncias por falsas maltratadas...
Con ese excesivo celo ideológico de proteger a la mujer, está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho.
Posición que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales cuando tenían a su cargo la instrucción al servicio de Hitler o Stalin, aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes".
