Víctor Valladares es el letrado que decidió llevar ante la justicia al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, denunciando en una mala gestión del coronavirus al no haber prohibido concentraciones como las de las manifestaciones feministas del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.
Sin embargo, el letrado es conocido por haber sido condenado y sancionado por haberse quedado con el dinero de algunos clientes sin haber realizaddo su trabajo. El Colegio de Abogados de Madrid, según Cadena Ser, le habría sancionado ya en dos ocasiones. Además, un juzgado le condenó a devolver el dinero a otra clienta en 2018, teniendo otro juicio en Madrid el próximo mes de junio.
Aun así, su denuncia ha provocado que se haya abierto una investigación a José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, por si prevaricó o cometió algún delito al permitir grandes concentraciones como la del 8M a pesar de las advertencias que ya se tenían acerca del coronavirus.
Y no solo eso: Víctor Valladares decidió también denunciar a Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo, anunciando a más de 7.000 personas que habrían contactado con él para sumarse.
Admite los juicios, pero niega los hechos
Tras haber conversado con la Cadena Ser, el letrado reconoció la existencia de los procedimientos judiciales, pero negó los hechos por los que se le acusa. Alegó, además, haber ganado todos los juicios a los que se había enfrentado y denunciando una campaña contra él en redes sociales.
Sin embargo, en 2018 fue condenado a indemnizar a Cristina Sánchez, la mujer que le denunció, con 1.300 euros. "Yo no tenía ninguna documentación, simplemente su palabra y lo que él me iba contando que iba haciendo hasta que hablé con otros abogados y me dijeron que claramente este señor no estaba haciendo nada", relató ella a la cadena.
Asimismo, Valladares tendrá que sentarse en el banquillo del juzgado de lo penal 24 de Madrid el próximo mes de junio, acusado de estafa, falsedad en un documento público y deslealtad por supuestamente quedarse con 3.300 euros de un proceso por una cláusula suelo que tampoco puso en marcha.