Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno aprobó el 8 de marzo el III Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, el cual estará vigente entre 2022 y 2025 y tendrá una dotación de 20.319 millones de euros. Elaborado por el Instituto de las Mujeres, el objetivo es impulsar políticas feministas de forma transversal.
Desde que se anunciara este plan, la derecha y la extrema derecha han saltado a atacar al Ejecutivo y especialmente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, aprovechando para ridiculizar las políticas feministas. Desde VOX ya anuncian concentraciones en contra mientras que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tirando de demagogia, ya ha pedido que se dedique este dinero a bajar la factura de la luz. Aunque lo que más se ha repetido es que los 20.319 millones de euros irán destinados "al ministerio de Irene Montero", como exclamó Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, en la sesión de control en el Congreso. El afán por atacar y desprestigiar a la política morada opaca la verdad.
Lo cierto es que este plan marca una hoja de ruta transversal a todo el Gobierno e incluye medidas feministas que ponen en marcha todos los departamentos, como Interior o Sanidad. Los 20.319 millones de euros es la suma del dinero invertido en cada una de estas políticas públicas, una cantidad, cuantifica Igualdad, con la que España pasa de destinar el 0,10% del PIB a medidas con impacto en igualdad al 0,4%.
Cada ministerio ha puesto sobre la mesa las inversiones ya consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y la previsión que tiene cada uno para los próximos ejercicios, y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad las ha recopilado. Por eso, en el plan se incluyen medidas que no solo tienen que ver con el departamento dirigido por Montero y algunas que ya están siendo puestas en marcha durante este ejercicio.
Cuatro ejes
El plan está estructurado en cuatro ejes: economía para la vida y reparto justo de la riqueza (18.461 millones, el 90,9%); buen Gobierno, hacia formas de hacer y decidir más inclusivas, con una dotación de 59 millones de euros (el 0,3% del total); hacia la garantía de vidas libres de violencia machista para las mujeres (972 millones, 4,8%); y un país con derechos efectivos para todas las mujeres (826 millones, el 4,1%). En total son 20 líneas de trabajo, 49 objetivos específicos y 141 objetivos operativos.
En el primer eje se incorporan las medidas que tienen que ver con el acceso igualitario al empleo, reducir la brecha salarial y de las pensiones o la lucha contra la pobreza. Una de las mayores partidas es la dedicada a las prestaciones para progenitores por nacimiento o adopción, que alcanza los 8.478 millones de euros. A esta se suman las prestaciones por riesgo durante el embarazo, las prestaciones por lactancia, por cuidado de hijos e hijas con cáncer o las bonificaciones a la contratación para el fomento del empleo, cuyo importe asciende a los 3.739 millones.
También hay medidas destinadas al reparto de los cuidados y evitar que recaigan mayoritariamente sobre las mujeres. "Desplegamos muchos esfuerzos para que el Estado se haga corresponsable de los cuidados, como las escuelas infantiles de 0 a 3 años o las medidas del Plan Corresponsables", explicó Montero. Además se reforzará el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Desplegamos muchos esfuerzos para que el Estado se haga
En el eje de la lucha contra la violencia machista, se pondrá el foco en fortalecer el sistema de respuesta y coordinación para ser capaces de "llegar siempre a tiempo para todas las mujeres". Se desplegarán instrumentos para la "detección, atención integral, protección y reparación" de las víctimas. Se incluye la puesta en marcha de la Ley del Solo Sí es Sí destinada a las víctimas de violencia sexual, la elaboración de la Ley de Trata o incluso el diseño de instrumentos para la detección de la violencia sanitaria, como por ejemplo la violencia obstétrica.
Por su parte, el último eje recoge las medidas para mejorar la vida de las "grandes olvidadas", las mujeres migrantes, lesbianas, trans, bisexuales y racializadas.
Según la memoria económica del plan las línea de trabajo que más presupuesto consignan son la relacionada con el empleo, las políticas vinculadas a los cuidados y la lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad. Son los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (11.800 millones de euros), Trabajo y Economía Social (3.800) e Igualdad (1.930) los departamentos que más presupuesto prevén destinar a medidas con impacto de género.
