La identidad de género es un derecho inviolable inherente a la persona, todos tenemos una. Su reconocimiento legal por el Estado a través del Registro Civil es imprescindible para garantizar el respeto a la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad conforme a la identidad sexual (art. 10.1 Constitución) y el respeto a la vida privada (art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con el art. 10.2 Constitución). Esto avala la Constitución Española en relación al tratamiento y respeto de la identidad de los españoles. Sin embargo, todavía hay cuentas pendientes con las personas trans en este aspecto.
A día de hoy tenemos una Ley Trans nacional que data de 2007, la cual supuso un gran avance en la cuestión. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de esta primera norma, todavía hay agujeros que tapar, algo que los colectivos implicados llevan años reclamando. Ni siquiera hay un texto definitivo, pero el Gobierno de coalición se encuentra preparando una nueva ley estatal para proteger los derechos de estas personas. La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, se pronunció al respecto para el Huffington Post: "Creo que tenemos que dar respuesta a lo que ya nos dicen los organismos internacionales, que nos hablan de la autodeterminación del género, nos hablan de que es una condición directa para que se den las condiciones de igualdad por las que pelea el colectivo trans."
Una de las piezas clave es el término del que habla Vera: la autodeterminación del género. Este concepto señala que la identidad de género la determina el propio individuo y esto no está en la ley de 2007. Con la nueva norma, las personas ya no necesitarán ningún requisito, no estarán sujetas a ninguna autoridad médica o legal, para poder ser reconocidas en su género. Y es que ser transgénero todavía está considerado en nuestro país como una patología mental. Además, los menores se encuentran totalmente excluidos para decidir sobre su identidad a nivel nacional, aunque como contaremos más adelante, muchas Comunidades Autónomas ya lo permiten en su territorio. Estas dos razones son solo una parte por la que esta nueva ley en construcción es necesaria:
Ser trans no es una patología
La norma vigente ya introdujo un gran avance eliminando el requisito de la operación genital de confirmación de género para cambiar de sexo en el registro. Sin embargo, en la España de 2020 todavía se impone un diagnóstico psiquiátrico/psicológico de "disforia de género" o "trastorno de identidad de género". Y si algo necesita diagnóstico, es porque se considera una afección o enfermedad, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018 eliminó la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Además, también dispone de "tratamiento", ya que no solo existe una patologización, sino que para acceder al cambio registral de sexo, el individuo debe someterse obligatoriamente a un tratamiento hormonal durante un mínimo de dos años, algo que no todas las personas desean.
Sobre el requisito actual del diagnóstico, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, denuncia en declaraciones a RTVE que se estigmatiza a las personas trans como "enfermas mentales", lo cual es una "violación de su dignidad y es altamente discriminatorio". "¿Qué tendrá que ver cómo yo me sienta o me quiera llamar para que tenga que hacer cambios físicos en mi cuerpo?", prosigue.
No todas las personas trans quieren cambiar su apariencia. Cambrollé califica la expresión "nacer en el cuerpo equivocado" como "dogma" que nace de una imposición social para "sentirnos inferiores y que quisiéramos someter a nuestros cuerpos a cambios para encajar [...] sin mirar lo que había dentro". No solo la OMS se opone a esta concepción, también lo han hecho la Sociedad Española de Psiquiatría y el Consejo de Europa, por lo que el cambio se presenta imperativo.
Amparo para los menores
Según un sondeo elaborado en 2019 por FELGTB, el 58% de los alumnos trans españoles han sido víctimas de acoso escolar y tienen una tasa de abandono escolar un 17% superior a la media. Más cifras. Según la Plataforma Trans, el 83% de los menores transexuales en España piensan en el suicidio y un 40% llega a intentar quitarse la vida. Unas cifras trágicas para un colectivo que, en parte gracias a la falta de legislación, siente la violación de sus derechos desde edades tempranas.
Se prevé que la nueva norma jurídica ampare a los menores de edad, que a día de hoy se encuentran sin un aval nacional firme. Esto supondría que la gente menor de 18 años no tendrá que esperar a cumplirlos para ver sus derechos respetados en el registro. La proposición de ley establece que no sería necesario el consentimiento de los progenitores para los mayores de 16. Para los menores de esa edad, basta el consentimiento de uno de los progenitores o tutores legales para solicitar el cambio de registro. Además, en el caso de que los responsables del menor estuvieran en contra de cambiar sus datos, se nombrará un defensor judicial en los términos establecidos en la legislación civil.
Aunque no esté en una ley, en 2019 el Tribunal Constitucional falló que los menores "con suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad" pueden solicitar el cambio de sexo, algo que ya está en vigor y que no establece un límite de edad. Esto es sin duda un duro golpe para las voces críticas propensas a echarse las manos a la cabeza con este tema. Que no exista una ley estatal, no significa que no se pueda llevar a cabo, y efectivamente, nuestra sociedad como la conocemos no se ha venido abajo ni nada por el estilo.
Las mayoría de las comunidades autónomas ya tienen sus propias leyes al respecto
En nuestro país hay ya aprobadas 17 leyes autonómicas para dotar de derechos y protección a las personas trans específicamente o a las personas LGTBI. Son normas de 13 comunidades autónomas: País Vasco, Galicia, Cataluña, Canarias, Extremadura, Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Madrid (las últimas cuatro tienen tanto una ley LGTBI como una trans). De entre estas 17, 11 engloban al colectivo LGTBI, mientras que 6 son leyes específicamente trans.
La existencia de leyes autonómicas que regulan la autodeterminación de género a la vez que no hay una ley estatal es vivir en una ambigüedad legal
Once de estas legislaciones especifican que las personas trans deben poder acogerse a lo establecido en la legislación nacional sin necesidad de someterse a tratamiento ni examen médico/psicológico. Recogen también el término "autodeterminación de género", dejando a libertad del individuo su identificación a este respecto. Mané Fernández, vicepresidente de la FELGTB, señala en declaraciones a Newtral que "la existencia de leyes autonómicas que regulan la autodeterminación de género a la vez que no hay una ley estatal es vivir en una ambigüedad legal".
Estas leyes autonómicas tienen solo efecto en su territorio, por lo que cualquier documento de implicación nacional como el DNI, no puede cambiarse a su efecto. "En algunas comunidades puedes tener una tarjeta sanitaria con tu género real pero que luego en tu DNI ponga el que te asignaron al nacer", comenta Fernández. Estas situaciones pueden además acusar una posible discriminación laboral, educativa o sanitaria, derivada de confusiones o la propia transfobia. Es por esto por lo que una ley estatal es necesaria y las autonómicas no son suficientes.
Reconocimiento de las personas no binarias
Actualmente, no se menciona ni se contemplan las personas no binarias. No existen administrativamente. Pero la nueva norma reconocerá con categoría jurídica a estas personas cuya identidad se ubica fuera de los conceptos de hombre y mujer o fluctúa entre ellos. En 2015, el Consejo de Europa animó a los estados miembros a valorar la inclusión de una tercera opción de género en los documentos de identidad. La primera nación en incorporar una tercera categoría de género registral fue Australia en 2003. Los años siguientes le han seguido otros como Alemania, Dinamarca, Nepal, Canadá, Pakistán, algunos estados de EE.UU., Reino Unido y Nueva Zelanda.
Si no identificarte con ninguna categoría binaria de hombre o mujer te resulta chocante, cada vez son más las voces científicas que concluyen en que las ideas de sexo y género masculino y femenino son simplistas, existiendo un espectro de posibilidades y realidades. Como hemos ido contando, se puede cambiar el sexo registral en España, aunque haya que atravesar una barrera médica. Sin embargo, aun así existe la obligación de identificarse con un lado del espectro para llevarlo a cabo, obligando a las personas no binarias a hacer esto mismo para poder acceder a tratamientos u operaciones que puedan requerir. En definitiva, estas personas no solo carecen de derechos identitarios, sino que continúan siendo la porción más invisibilizada de la población trans.
Reparación de una deuda histórica
Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta ley es "una deuda histórica" que existe con el colectivo trans y que "recogerá tanto la reparación de las posibles víctimas de discriminación como el acceso efectivo a derechos que aún se vulneran", según explicó en una entrevista en RNE. Desde Igualdad se reconoce que la ley de 2007 fue pionera y supuso un avance sustancial, pero considera necesario dar un paso más para equiparse a los estándares internacionales.
Recogerá tanto la reparación de las posibles víctimas de discriminación como el acceso efectivo a derechos que aún se vulneran
Las personas trans han vivido invisibilizadas y perseguidas desde que se asentó la concepción occidental del género y sus roles. Aunque todavía queda camino por recorrer, suena más que correcto el comienzo de un proceso de reparación y avance social. La Constitución Española de 1978, recoge en el artículo 14 que no puede "prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", sin embargo, un estudio de la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) revela que, en España, el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar empleo, entre otras dificultades. Los encarcelamientos y ejecuciones gubernamentales por razones de identidad de género ya son historia en nuestro país, pero la discriminación social está todavía pendiente de formar parte de ella.
No va a cambiar nada que no sean las vidas trans, para mejor
Hay voces contrarias que se han alzado en contra de la aprobación de una nueva ley trans estatal, tanto desde la ultraderecha como desde el "feminismo" trans excluyente, dos conceptos que parecerían contrarios pero que no tan sorprendentemente han acabado encontrando un discurso común. Esta nueva norma solo busca equiparar a nuestro país con gran parte de la comunidad internacional en materia de derechos humanos.
Dar derechos a un colectivo de personas no va a hacer desaparecer los que ya existen, ni los tuyos, ni los del vecino, ni los de nadie. Tampoco va a hacer que desaparezca la mujer como sujeto político y jurídico, solo colocar un ladrillo más para romper con los moldes de género que nos constriñen a todos y todas. Los derechos trans son derechos humanos. Suman, no restan.
