La disposición adicional de la actual ley de Educación, la LOMLOE, que exige que todos los colegios financiados con fondos públicos promuevan "el principio de coeducación", está contribuyendo a la disminución de la segregación por género en los centros concertados.
La situación tiene matices, ya que la eliminación total de la segregación aún no se ha logrado, y donde se ha dejado de segregar formalmente, no todos los centros han adoptado automáticamente un modelo mixto real. Sin embargo, en términos generales, España financia hoy a poco más de la mitad de las escuelas segregadoras que hace cinco años. De las 87 reportadas en el curso 2018-2019, se han identificado 48 en la actualidad. Además, varias más han anunciado su transición a modelos mixtos para el próximo curso.
El respaldo de la Justicia
La persistencia de estos centros segregadores se explica porque la Justicia ha respaldado en más de una ocasión la continuidad de los conciertos vigentes. Es necesario esperar a que estos contratos venzan (generalmente después de cuatro o seis años) para que cese el flujo de fondos públicos. En ese momento, las escuelas deben decidir si mantienen sus clases segregadas y se convierten en instituciones privadas sin financiación estatal, o si se ajustan a la ley, abren sus aulas a un alumnado mixto y renuevan el concierto.
Por comunidades
En Madrid (con 11 centros concertados), Cataluña (alrededor de una decena), Andalucía (nueve), País Vasco (seis), Galicia (cuatro), Asturias, Navarra y Murcia (dos cada una), así como Baleares y La Rioja (uno), todavía se encuentran comunidades autónomas que financian este tipo de escuelas. Sin embargo, también se están observando casos en los que los centros están comenzando a integrar a los estudiantes, comenzando por los primeros años de la ESO o Secundaria, lo que indica que se encuentran en una fase intermedia.
Las demás comunidades autónomas nunca han tenido este tipo de escuelas o, como es el caso de Castilla y León o la Comunidad Valenciana, han dejado de financiarlas en los últimos años. Otros, como Murcia o el País Vasco, se encuentran en un proceso de transición: han comenzado a admitir estudiantes de ambos sexos en los primeros cursos, pero mantienen la segregación en los niveles donde ya existía. También existen casos, como el de Navarra, que ya han anunciado su intención de dejar de financiar este tipo de escuelas para el próximo año.
La financiación ligada a la religión
Los gobiernos regionales destinan millones de euros para financiar estos centros. Una investigación realizada por El Diario reveló que en 2019 la factura ascendía, como mínimo, a 130 millones de euros para 70 colegios, de los cuales 68 estaban afiliados al Opus Dei. Esta es una de las características distintivas de este tipo de colegios: todos son de naturaleza religiosa y la gran mayoría están asociados a la Obra. El principal grupo que todavía gestiona estos centros es el Fomento de Centros de Enseñanza, que cuenta con aproximadamente 23.000 alumnos. Aunque no lo especifica abiertamente en su sitio web, a diferencia de otros colegios que mencionan a José María Escrivá de Balaguer, fundador de la Obra, está vinculado al Opus y adopta toda la terminología característica de este movimiento para su ideario.
