La deficiente aplicación de la ley de dependencia ha provocado que 200.000 personas hayan fallecido mientras se encontraban en las listas de espera durante los últimos seis años.
Las cifras, lejos de revertirse, están siendo especialmente dramáticas. En 2016, al menos 40.000 personas perecieron en esta situación y en lo que llevamos de 2017, ya van 21.000.
El problema, en estos casos, reside en la especial vulnerabilidad de las personas que esperan una ayuda del estado, en muchos casos con dos años para recibir atención, y con cuatro años, de media, de esperanza de vida. En concreto, un 35% de las personas de las listas de espera fallece sin haber recibido ningún tipo de ayuda.
Las ayudas, mientras tanto, se precarizan con el paso del tiempo. Este año 2017, el número de dependientes severos y grandes dependientes desatendidos ha aumentado por primera vez desde 2012. Y no hay indicadores de que la situación vaya a cambiar.
El problema, en este caso, llega porque la aprobación de la Ley de la Dependencia, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, no contó con un presupuesto estatal definido. Es decir, todas las leyes sociales deben de contar con un dinero público aparejado, pero en este caso no fue así: se creyó conveniente que cada comunidad debía de destinar el dinero que considerase, mientras que el Estado aportaba una cantidad determinada que se ha ido reduciendo con el tiempo.
Todo ello derivó en que la desigualdad entre comunidades se materializase de manera instantánea: por ejemplo, en Castilla-la Mancha, la ley funcionó a la perfección, mientras que en Madrid la ley no se aplicó porque el Gobierno de Esperanza Aguirre consideró que no era necesario. Es decir, la ley existía, pero su aplicación en la vida real era completamente nula.
A todo ello, se suma el recorte de presupuesto al que el Gobierno de Mariano Rajoy obligó a las comunidades autonómas para garantizar la "estabilidad presupuestaria", que llevó a que las autonomías recortasen un total de 4.000 millones de euros.
Además, el pacto de investidura que se firmó entre PP y C's obligó a que la ley de dependencia aumentase el presupuesto, a nivel estatal, en 440 millones. Finalmente, todo quedó en cien que, paradójicamente, no se pudieron ejecutar porque la congelación del 'nivel mínimo' impedía gastos.
Ahora, el Gobierno tiene la intención de descongelar esos fondos y aumentar, de manera leve e insuficiente, el dinero público que se destina para la independencia, un servicio fundamental del que dependen muchas personas que sufren a diario diversas dolencias.
