Muchos de los que hayan planeado sus vacaciones este año en Francia se están viendo con dificultades para llegar a su destino. La huelga de controladores aéreos en el país a causa de la reforma laboral de Myriam El Khomri, ministra de empleo francesa, sigue adelante y ya ha provocado retrasos y cancelaciones.
Y es que desde que en marzo se anunciara la reforma laboral, inspirada en la que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012, las huelgas, manifestaciones y protestas no han parado en el país galo, aunque en España no se haya sabido mucho por parte de los grandes medios.
Una reforma laboral que resulta familiar
A día de hoy la reforma laboral de El Khomri se encuentra aprobada por decreto, después de que el Gobierno recurriese al artículo 49.3 de la Constitución. Esto significa que, puesto que ningún grupo parlamentario presentó una moción de censura, no fue necesario someter la ley a votación.
Aun así, tras las jornadas de protesta el Gobierno puso en marcha una serie de modificaciones que buscaban frenar el rechazo de los sindicatos. Cuando la reforma laboral se instauró en España, sin embargo, no se obtuvo en absoluto una respuesta similar. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, llamaron a una huelga general para el 29 de marzo de 2012 y distintos colectivos y organizaciones convocaron varias manifestaciones en diferentes ciudades de España, sin que se produjesen otros días de huelga lideradas por los sindicatos.
Y es que cada vez es menor el porcentaje de los trabajadores que se encuentran sindicados. Según datos del Ministerio de Empleo, solo un 16,8% de los asalariados españoles está afiliado a algún sindicato.
Los dos sindicatos con mayor representación
En España la hegemonía del escenario laboral la tienen UGT y CCOO, aunque existen actividades concretas en las que otras organizaciones tienen un mayor porcentaje de afiliación. Este es el caso de CSI-F, el sindicato del sector público, o Fetico, el de las grandes superficies comerciales.
Desde 2008, el año en el que empezó la crisis, hasta ahora, el número de delegados sindicales electos por los trabajadores ha pasado de sumar un 75% a un 68%. Estas cifras, aunque mucho menos pronunciadas, recuerdan a la caída experimentada en porcentaje de voto de los dos grandes partidos de este país. En ese mismo año, PP y PSOE obtuvieron el 83,3% de los votos y el 92% de los diputados, frente al 55,69% de los votos y el 63,4% de los diputados que lograron en las pasadas elecciones del 26 de junio.
A la excesiva burocratización de los sindicatos y la ausencia de conciencia de clase que existe se le suman los casos de corrupción en los que estos dos grandes sindicatos han estado relacionados, de forma directa o indirecta. Tal es el caso de las Tarjetas Black, los ERE y los cursos de formación en Andalucía o el hecho de que el histórico dirigente Fernández Villa se acogiese a la amnistía fiscal de Montoro.
Sea como fuere, según la última encuesta del CIS los sindicatos son una de las dos organizaciones peor valoradas por la población española, consiguiendo 2,61 puntos sobre diez, solo sobrepasados por los partidos políticos, que obtienen un 2,23.
Al contrario de lo que ha ocurrido en política, donde dos nuevos partidos han disputado un importante porcentaje de los votos a la vieja política, nadie ha logrado arrebatarle la hegemonía a estos dos grandes sindicatos. Tampoco Somos, el sindicato que surgió, al igual que Podemos, al calor del 15-M, ha logrado emerger con fuerza en este panorama: según datos oficiales, en febrero contaban con 86 de los 254.732 delegados que hay en toda España. Por otro lado USO, el tercer sindicato con más fuerza tras UGT y CCOO, agrupa al 3,8% de la representación.
Esta situación, no obstante, no se produce únicamente en España. Magdalena Bernaciak y Richard Hyman escriben en el informe 'Trade Unions in Europe. Innovative Responses to Hard Times' que entre 1990 y 2008 millones de personas han dejado de estar afiliadas a algún sindicato.
La baja afiliación, síntoma de poca legitimidad
Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega tienen las tasas de afiliación más altas de la Unión Europea. Frente al 16% del caso español, un 80% de los trabajadores daneses están afiliados a un sindicato, un 74% en el caso de los finlandeses, un 78% de los suecos y un 53% de los noruegos. Y es que en los países nórdicos prima un sistema distinto al español: los acuerdos que negocian los sindicatos únicamente afectan a sus afiliados.
En España la conocida como eficacia general implica que los convenios negociados se extienden automáticamente a todos los trabajadores del sector o de la empresa si los que la aceptan representan un mínimo del 50% de los afectados por ese convenio. Aunque esta situación aumenta la influencia de los sindicatos, también disminuye sus afiliaciones. Y por tanto sus ingresos.
A pesar de que la baja tasa de afiliación de los sindicatos supone una disminución de sus ingresos y, por tanto, provoca un problema de financiación, el principal problema en el presupuesto de los sindicatos parte de la rebaja de las subvenciones. Frente a los 15,8 millones que formaban la partida del Ministerio de Empleo en 2011 para todas las organizaciones de trabajadores, se ha pasado a casi 9 en 2016.
Sin embargo el problema más importante que se relaciona con la baja tasa de afiliación sindical no guarda relación con los presupuestos, sino con la legitimidad. La mala imagen que estas organizaciones tienen a ojos de los ciudadanos y el bajo porcentaje de trabajadores que se unen a ella son el síntoma de que no existe una organización obrera en España, ni un colectivo que los represente. Esto se ve agravado tras los cambios de la reforma laboral de 2012 que, según se ha señalado en repetidas ocasiones, limitó en gran medida la negociación colectiva y dio mayor poder a las empresas.
